Con ausencia del titular de la CGC, Edwin Salazar Jerez, el subcontralor de Probidad, Fernando Fernández, y el subcontralor de Calidad del Gasto, César Elías, resumieron la fiscalización del presupuesto del año pasado, en la que una de las instituciones denunciadas fue la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia por Q305 mil.
De acuerdo con Fernández fueron 51 denuncias presentadas contra ministerios y municipalidades por irregularidades en el manejo de los recursos públicos que ascienden a Q310 millones.
Entre las cuales están las comunas de Olintepeque, Quetzaltenango, San Antonio Ilotenango, Santa Cruz del Quiché, en Quiché, Jutiapa; La Antigua Guatemala, Ciudad Vieja y San Miguel Dueñas, en Sacatepéquez.
Mientras que los ministerios denunciados fueron Salud, con tres; Educación, con nueve; a Gobernación, Agricultura y Desarrollo Social se presentó una, y Comunicaciones con seis.
A la vez, Fernández agregó que se realizaron tres mil 19 acciones legales y administrativas de las cuales dos mil 941 se convirtieron en sanciones, y también se tuvo que realizar 655 exámenes especiales con los cuales se impusieron mil 119 sanciones que equivalen a más de Q1 mil millones.
Imponen sanciones
Con hermetismo, el delegado de la Contraloría indicó que durante el primer año de la gestión de Álvaro Arzú Escobar en el Congreso fueron identificados seis hallazgos sobre el manejo de los recursos, lo cual solo corresponden a sanciones administrativas por irregularidades en la contratación de asesores, más no denuncias penales “por la colaboración del Legislativo”.
Sin embargo, los diputados aplazaron por seis meses la elección del contralor mientras se realizaba el trámite de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos.
“Se detectó a dos empresas contratadas, las cuales no tienen registro de tener aeronaves y se incumplió con algún manual”, César Elías, subcontralor, respecto a la contratación de helicópteros para el presidente
Reciben certificación
El subcontralor explicó que entre los resultados durante la gestión 2014-2018 se logró la certificación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para auditar proyectos que son financiados con créditos en ese organismo internacional.
Además, durante el proceso electoral se creó una delegación electoral para que auditores gubernamentales supervisen los municipios para evitar el uso de los fondos públicos para temas políticos y las delegaciones departamentales ampliarán sus horarios para recibir las denuncias.
Solicitud de finiquitos
- El subcontralor comentó que se emitieron 49 mil 98 finiquitos desde septiembre a marzo, documento que es requerido para optar a cargo público.
- Los funcionarios evitaron pronunciarse a la auditoría que solicitó la fiscal general Consuelo Porras.