Nicaragua amaneció este jueves en pleno paro nacional, convocado por opositores en reclamo de la liberación de los detenidos en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
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En las principales calles de Managua y otras ciudades de Nicaragua, como León y Chinandega (oeste), se observaron patrullajes policiales y un escaso movimiento de personas y vehículos.
En el popular Mercado Oriental de Managua, donde operan más de 20 mil negocios, la mayoría se mantuvieron cerrados por la mañana, aunque muchos vendedores ambulantes, verduleros y pequeños talleres y tiendas de servicios abrieron sus puertas.
"Si uno no trabaja no come", dijo Harold Chavarría, un mecánico que repara llantas viejas, citado por la AFP.
Frente al negocio de Chavarría, varios verduleros exhibían sus productos para la venta.
Algunos de los que fueron a trabajar, según contaron que lo hicieron por la crisis económica que agobia al país, y no por apoyo al gobierno.
Socorro Arteaga vendía rosquillas en el mercado Roberto Huembes. No pudo sumarse a la medida de fuerza: "Tenemos muchas deudas, estamos de acuerdo con el paro, pero no podemos participar", explicó apenada.
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"La solución a la crisis es un cambio de gobierno", sentenció Arteaga.
Más de 400 mil personas perdieron sus trabajos el año pasado por la crisis causada por la inestabilidad política, y cerca de 100 mil podrían quedar desempleadas este año, según la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
Amenazas
La huelga de 24 horas fue convocada por la alianza opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) con el apoyo de las cámaras empresarias.
El paro tuvo el apoyo de los grandes comercios, la mayoría de los supermercados, y fue acatado en colegios y universidades privadas.
Pero los alumnos de las escuelas públicas asistieron normalmente a clases.
"Los profesores amenazaron (a los alumnos) con quitarles puntos si no iban" a la escuela por el paro, dijo un hombre de la comunidad escolar que pidió no ser identificado.
También trabajaron las oficinas públicas, así como los bancos, luego de que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), controlado por el oficialismo, amenazara con quitarles la licencia a los que no atendieran al público.
"El banco es concesionario de una licencia bancaria que ha sido otorgada por el estado de Nicaragua, la cual debe ser acatada fielmente para beneficio de todos los nicaragüenses", advirtió Siboif en un comunicado.
Por otro lado, el Ministerio del Trabajo indicó en la previa del paro que si una empresa decidía paralizar su actividad, debía mantener los derechos salariales y otros beneficios de los trabajadores.
Promesas y desconfianza
El miércoles el gobierno había tratado de frenar la medida opositora al proponer un plan en el cual se compromete a liberar, sin cargos judiciales, a todos los opositores presos "a más tardar el 18 de junio", incluyendo a los que están fuera del país y que tienen procesos judiciales pendientes.
En esa fecha vence el plazo de 90 días en que el gobierno prometió sacar a los opositores de las cárceles, en el marco del diálogo que inició en febrero con la oposición.
Desconfiados de la oferta gubernamental, los opositores insistieron en llevar adelante el paro, el cuarto desde abril de 2018.
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