El rumor de compra de votos en el Legislativo es una práctica que se busca evidenciar en la investigación denominada “Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, una expresión de la captura del Estado” del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que involucra al extinto Partido Patriota en un caso de corrupción.
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La solicitud de levantarle la inmunidad al candidato presidencial del partido oficial Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación), Estuardo Galdámez, y al titular de la cartera de Economía, Acisclo Valladares, así como a siete diputados es porque se sospecha que recibieron dádivas o pagos por Baldetti desde enero de 2012 a abril de 2015.
Según la investigación, la exvicemandataria formó una estructura de control en el Congreso y así prometer Q50 mil a cada diputado de su partido cada bimestre a cambio de apoyar la elección del contralor general de Cuentas.
Entre las negaciones se incluye la designación de las presidencias de salas legislativas, la junta directiva del Congreso, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones, también de aprobar ciertas normativas que favorecieron a algunos empresarios, como la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Trasmisión de Datos.
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Dicha ley fue declarada inconstitucional dos años después de su aprobación.
Además, se vincula a una empresa de telefonía que habría realizado pagos para salir favorecida.
Los diputados señalados en este caso son: Juan José Porras, ahora en la bancada Visión con Valores; Boris España, independiente; Mirma Figueroa de Coro, de la Alianza Ciudadana; Marco Antonio Orozco, del bloque Movimiento Reformador; Gustavo Medrano, quien busca ser alcalde de Chinautla con el partido Unionista; y Haroldo Quej, de la Unidad Nacional de la Esperanza.
Se estima que la estructura controlada por Baldetti, que alteró el orden democrático, requería de alrededor de Q300 mil al año para el pago de los diputados, lo cual sumaría Q57 millones.
Delitos señalados
Hasta el momento en la investigación los legisladores pudieron haber cometido asociación ilícita, cohecho activo y pasivo, violación a la Constitución y lavado de dinero, ya que Porras, Orozco Figueroa y España compraron vehículos pagándolos al contado.
Aunque los pagos fueron en efectivo, denominados “champurrada”, varias declaraciones y documentos de prueba confirman que los legisladores recibieron el dinero en sobres manila, por medio de la coordinación de jefes de línea o brochas.
Dudas en el proceso
Una de las observaciones en este caso se debe a que la compañía de telefonía buscó separar a la jueza Silvia Morales del proceso y aunque la Sala de Apelaciones rechazó la recusación, se ordenó que el caso pasara al Juzgado Décimo, a cargo de Víctor Manuel Cruz Reyes.
El profesional del derecho fue quien ordenó la orden de captura contra la ex fiscal general Thelma Aldana.
“Hay una intención de mantener impunidad”, análisis de Álvaro Montenegro
Se pueden ver varios actores, primero Estuardo Galdámez, que busca seguir con las mismas prácticas del PP y ahora con FCN-Nación, que busca la presidencia para que se mantenga la cooptación del Estado y ha sido el vocero de estar en contra de la CICIG para así mantener la impunidad, y como ellos mismos dicen que se ha aceitado el Congreso para que no se revelen los casos de corrupción, y esta investigación confirma la necesidad de que continúe la Comisión, más ahora que habrá elección de cortes.
