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Hace cuatro años el gobierno Patriota empezó a desmoronarse

Decenas de guatemaltecos recuerdan la presentación del caso “La Línea” que operaba en la SAT.

El 16 de abril de 2015 pasó a la historia nacional, ya que fue cuando el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron la red señalada de defraudación aduanera y denominaron el caso como La Línea, liderada por los extitulares de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones se conocía que esa estructura criminal era dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien tenía conocimiento y coordinaba transacciones ilegales, como también el expresidente Otto Pérez Molina, lo cual marcó el inicio de la caída del gobierno Patriota, que al llegar al poder ofrecía seguridad y empleo.

Aunque han pasado cuatro años, el juicio contra los más de 25 señalados entre ellos Carlos Muñoz, Omar Franco y Claudia Méndez Asencio, que fueron funcionarios de la SAT, como personal de aduanas, todavía no empieza debido a los múltiples amparos que han presentado los acusados.

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Durante este tiempo, Monzón Rojas y Estuardo González colaboraron con el MP para brindar detalles de la red criminal, por lo que fueron beneficiados con la reducción de condena y ahora se encuentran fuera del país.

Asimismo, Méndez Asencio y Francisco Javier Ortiz Arreaga conocido como “Teniente Jerez” recuperaron su libertad debido a que el tiempo ha transcurrido sin que se logre avanzar con el inicio del juicio.

Buscarán su libertad

Tanto el exmandatario como Baldetti insistirán en las próximas audiencias en declararse inocentes, a pesar de que el juez Miguel Ángel Gálvez aceptó semanas atrás nuevos medios de prueba, como documentos y testigos.

El MP ha entregado varias propiedades de la exvicemandataria y de Monzón Rojas a la Secretaría Nacional de Bienes de Extinción de Dominio (Senabed).

De acuerdo con las investigaciones la estructura pudo haber defraudado al Estado por Q38 millones.

 

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