Un bloque opositor de Nicaragua suspendió una marcha prevista para este sábado, luego de que la policía negó el permiso para esa actividad, y decidió ejecutar otras modalidades de protesta, informaron fuentes políticas.
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La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) anunció que en lugar de marchar realizará "piquetes exprés", exposición de la bandera, y un pitazo y cacerolazo en todo el país para "no exponer a la gente a situaciones de riesgo", dijo en conferencia de prensa la dirigente Violeta Granera.
Conferencia de prensa
La policía no autorizó la movilización convocada por la coalición UNAB, a la que señaló de estar involucrada en "graves alteraciones al orden público" en los últimos tres fines de semana.
Desde septiembre, cuando declaró ilegales las protestas opositoras, la policía ha negado permiso de manifestarse a organizaciones cívicas y políticas y ha reprimido fuertemente la presencia de opositores en la calles.
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La coalición opositora agrupa a más de 40 grupos sociales y políticos, entre ellos la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), la cual participó en las negociaciones con el gobierno suspendidas el miércoles por falta de acuerdo en temas clave para resolver la crisis que afecta al país.
El gobierno "una vez más viola la Constitución y los pocos acuerdos que ha firmado en la mesa de negociación" relativos a permitir el derecho a manifestarse, denunció la UNAB.
"A todas luces queda claro que el régimen continúa imponiendo un Estado de excepción a la expresión ciudadana y sigue sin dar muestras de voluntad política", agregó la coalición en un comunicado.
La UNAB llamó a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al representante del Vaticano en Nicaragua, en su carácter de testigos y acompañantes de la negociación, a que "tomen nota" del incumplimiento y violación a derechos constitucionales de los nicaragüenses.
Las crisis política fue detonada por protestas antigubernamentales contra una reforma al sistema del seguro social y derivó en una demanda de renuncia al presidente Daniel Ortega, señalado por sus adversarios de corrupción e instaurar una dictadura.
Organismos humanitarios y económicos estiman que las protestas han dejado un saldo de 325 muertos, más de 800 detenidos, miles de exiliados y cuantiosos daños a la economía.
