La junta directiva del Congreso, liderada por Álvaro Arzú Escobar, insiste en la amnistía para violadores de los derechos humanos durante el conflicto armado interno, ya que para mañana se prevé que avance en tercer debate.
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Ayer, expertos de derechos humanos de la ONU instaron a los congresistas a no continuar esos cambios, también se han sumaron organizaciones civiles locales y entidades extranjeras, como el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ha alarmado sobre esa modificación.
El Movimiento Nacional de las Víctimas se plantó frente al Congreso para evitar la continuidad de la aprobación de las reformas, por lo que Miguel Iztep, coordinador de esa organización, señaló estar en desacuerdo porque provocarán un retroceso a la justicia del país.
“No estamos de acuerdo con que, con esa ley, los genocidas sean liberados en 24 horas. Y por eso hacemos el mensaje que si ellos aprueban la ley nos quedaría presentar las demandas contra quienes promovieron esa ley y contra quienes la aprueben”, mencionó Iztep.
A la vez, recordó que muchos de los legisladores ya no piensan en el pueblo, sino solo en aprobar leyes para defenderse de la justicia.
Mientras que para Lucía Xicoj, también de ese Movimiento, las reformas violan tratados internacionales.
Instan detener reformas
Personal de la ONU recomendó no continuar con dichas reformas porque afectarían seriamente los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.
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Además, consideran que pueden conducir a represalias y ataques contra víctimas, jueces, fiscales, testigos y demandantes en juicios de derechos humanos.
“Las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos excluyentes de responsabilidad son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumatorias, las desapariciones y el genocidio. La falta de investigación de tales violaciones constituye una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos”, expresaron los expertos.
También los analistas consideran que esas reformas pueden revertir los avances en la lucha contra la corrupción por graves violaciones a los derechos humanos que afectaron en la mayoría a los pueblos indígenas y afectan al sistema de justicia.
La iniciativa de ley fue presentada por el diputado Fernando Linares Beltranena y respaldada por sus colegas Jaime Regalado, Estuardo Galdámez, Boris España, Javier Hernández padre e hijo, Armando Melgar, Julio Lainfiesta, José Ubico, Manuel Conde, Claude Harmelín y Delia Bac.
“La inminente aprobación y entrada en vigencia alentaría la repetición de hechos violatorios, profundizaría la impunidad e incumpliría con los compromisos internacionales”, Claudia Paz y Paz, directora de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
