FECI indagará sobre el cheque del mandatario por supuesto fraude

Las anomalías en el caso “Botín: Registro de la Propiedad” siguen ocupando a los fiscales, ya que ayer el Ministerio Público confirmó que las pesquisas pueden llegar hasta el mandatario Morales por el cheque que firmó para pagar unos servicios que se brindaron a la entidad gubernamental.

De acuerdo con la investigación en la que se involucró primero a Sammy, hermano, y a José Samuel, hijo del gobernante, se comprobó que la empresa de los Morales pagó Q158 mil 646 a Mario Estuardo Orellana López, padre de la exnovia del hijo del mandatario.

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Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI), señaló que se profundizará en la investigación, ya que el documento financiero aparece con la firma del presidente.

El fiscal aclaró que Morales no puede ser investigado por gozar de inmunidad, pero que de ser necesario se presentará otro antejuicio.

Toda la familia

El escándalo de la familia presidencial aumentó luego de que la fiscal general, Consuelo Porras, informara sobre la investigación de oficio que se inició contra la esposa del presidente, Patricia Marroquín, por los cheques que recibió que se presume fueron por financiamiento electoral ilícito, delito fue modificado por los diputados como no registrado.

Según “elPeriódico”, la pareja presidencial recibió Q250 mil de Othmar Sánchez, ahora diputado del Parlamento Centroamericano.

“Sorprende que no se hizo antes ya que era un hecho conocido, por lo que el Ministerio Público tendrá que hacerlo, ya que en su momento no fue trascendental”, Javier Monterroso, exfuncionario del Ministerio Público

Genera dudas

1.  Javier Monterroso, exsecretario privado del Ministerio Público, consideró que las declaraciones de la actual fiscal general provocan dudas de porqué durante la administración de Thelma Aldana no se investigó al presidente por ese caso, sino que solo al hermano y al hijo.
2. Monterroso explicó que existen dos teorías de no involucrar a Morales, la primera es por un criterio jurídico o por política institucional, lo cual implicaría una omisión de delitos.