Desde que el presidente Donald Trump aprobó la propuesta de crear un listado de corruptos de Centroamérica, diferentes personalidades se mantienen al tanto de cuándo será dada a conocer, ya que implicará sanciones de diferente índole.
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La lista fue impulsada por varios congresistas estadounidenses, entre ellos Norma Torres, de origen guatemalteco, quien comentó que el listado será publicado en febrero.
Torres tomó la decisión de crear un listado por las acciones del presidente, Jimmy Morales, para detener la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La expectativa de quiénes serán incluidos, entre empresarios y políticos, puede ser intencional como advertencia para otras personas por su apoyo para detener la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Mario Taracena, diputado del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza, comentó que se tendrá que esperar a conocer el listado para dar una opinión, ya que en Estados Unidos se puede presentar una demanda si lo acusan sin algún fundamento.
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Sin importancia
Varios diputados coincidieron que la presentación del listado no causa temor en el país, ya que se deben conocer los motivos por los que se le incluyeron a esas personas.
Uno de los ejemplos de que los congresistas no están preocupados es el intento de continuar con las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional a pesar de que el Departamento de Estado la semana pasada se pronunció en contra de la amnistía que se pretende otorgar a personas que violaron los derechos humanos durante la guerra interna.
“Debe haber un seguimiento”, Ricardo Barrena, analista del Incep
Lo más prudente es que el listado creado por el Departamento de Estado venga con indicios para que el Ministerio Público le dé seguimiento con investigaciones, pues aún no se termina de entender el posicionamiento del ente investigador en el combate contra la corrupción. De tal razón es que los diputados intentan agilizar la aprobación de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, lanzan un discurso de la defensa de la soberanía o de la no intervención a las elecciones generales, desprestigiando al Tribunal Supremo Electoral.
