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Trabajadoras del Congreso denuncian a Mario Taracena por violencia psicológica

En el memorial presentado para que se le quite la inmunidad hacen referencia a la querella que presentaron en agosto de 2016.

Un grupo de 60 empleadas del Congreso denunció a diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Taracena

A su criterio, hay indicios para suponer que él incurrió en violencia contra la mujer en su manifestación psicológica en el ámbito público.

El antecedente

En el memorial que piden sea considerado como solicitud de antejuicio se explica que el caso se remonta a agosto de 2016.

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En ese año Taracena era presidente del Congreso de la República y evidenció que a los empleados se les hacía un pago que no les correspondía.

Las 60 trabajadores del Organismo Legislativo lo denunciaron por violencia contra la mujer en su manifestación psicológica en el ámbito público y violencia doméstica, abuso de autoridad y apropiación y retención indebida.

No obstante, el Ministerio Público solicitó la desestimación del expediente, pero ellas se opusieron.

Los indicios

En el proceso judicial se indicó que ella debían ser sometidas a peritajes psicológicos.

Las denunciantes aseguran que fueron evaluadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el dictamen fue que ellas presentan alteraciones psicológicas por las acciones de Taracena.

Es por ello, que consideran que existe el supuesto de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica en el ámbito público.

El artículo 7 de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer señala que:

  1. La persona responsable del delito de violencia psicológica contra la mujer será sancionada con prisión de cinco a ocho años, de acuerdo a la gravedad del delito, sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes ordinarias.

No es la primera vez

Recientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que no procedía contra una acción legal contra Taracena planteada por los legisladores Delia Bac y Fernando Linares Beltranena.

Ambos argumentaron que el congresista habría incurrido en por lo menos cuatro delitos al haber presentado la iniciativa de ley que reformó la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Otros congresistas le han recriminado la regulación del transfuguismo.

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