Nueva Fiscal General de Perú promete lucha anticorrupción

La nueva fiscal general peruana Zoraida Avalos apoyará dos grandes investigaciones anticorrupción en Perú: al equipo que indaga los nexos de políticos con delitos de la firma Odebrecht y a la brigada que rastrea al grupo criminal “Los cuellos blancos del puerto” en el que se ha involucrado a su controvertido antecesor, el exfiscal general Pedro Chávarry, y otros dos fiscales supremos.

Avalos indicó que permanecerá en el cargo hasta que comience a funcionar la nueva junta de electores de magistrados desactivada hace un semestre luego que la mayoría de sus integrantes fueron implicados en el grupo criminal integrado por jueces, fiscales, abogados y empresarios cuya investigación empezó en El Callao, el principal puerto de Perú.

La nueva fiscal general añadió que aumentará el número de fiscales para escuchar unos 28.000 audios de conversaciones telefónicas pendientes en esta investigación que produjo un terremoto en el sistema judicial, fue el inicio del desprestigio de su antecesor Chávarry y el comienzo de una cruzada anticorrupción liderada por el presidente Martín Vizcarra que fortaleció las investigaciones contra Odebrecht.

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Avalos, de 60 años, dijo que toda intromisión al trabajo del Ministerio Público afecta “cual cáncer la moral interna del personal pues crea una subcultura de impunidad y de la componenda”.

Amado Enco, abogado estatal anticorrupción, dijo en referencia a la nueva fiscal general que ella “no aparece contaminada en casos de corrupción” que han involucrado a diversos magistrados en el último semestre.

Por el contrario, Chávarry renunció al cargo de fiscal general por la mañana. Había provocado protestas inéditas tras destituir horas antes del Año Nuevo a dos fiscales claves en investigaciones contra líderes poderosos de la política local, involucrados en actos de corrupción de la firma Odebrecht.

La controversia acompañó a Chávarry, incluso en su último día de gestión. La policía confirmó el martes que sus guardaespaldas extrajeron documentos de la oficina de uno de sus asesores que había sido intervenida por investigadores de la constructora brasileña. Videos del edificio de la fiscalía mostraron que las escoltas rompieron los cerrojos de las puertas de la oficina investigada, un acto prohibido por la ley.