La Fiscalía salvadoreña presentó este viernes dos nuevas acusaciones contra el expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, por delitos de corrupción y revelación de documentos secretos.
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En el cargo por corrupción, la fiscalía señaló que Funes y miembros de su gobierno recibieron "dádivas" por al menos 3,5 millones de dólares luego de negociar en 2012 la anulación de un contrato con una empresa que construía la planta de hidroeléctrica El Chaparral, en el este del país.
Según el Ministerio Público, para anular el contrato con la empresa italiana Astaldi, el gobierno de Funes (2009-2014) pagó más 108 millones de dólares, y la compañía dejó inconclusa la construcción de la obra.
Adicionalmente, la estatal Compañía Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que administra las plantas hidroeléctricas salvadoreñas, habría pagado otros 45,2 millones de dólares a Astaldi "sin existir base legal ni técnica" para hacerlo, indicó la Fiscalía en su acusación.
También acusó de diversos delitos al expresidente de CEL José Leopoldo Samour y al expresidente del Centro de Ferias y Convenciones y cercano colaborador de Funes, Miguel Menéndez, por su papel en el caso.
Menéndez guarda prisión por otro proceso penal referido a casos de corrupción en el gobierno de Funes.
La Fiscalía también acusó penalmente a dos representantes de la empresa Astaldi en el país al momento que el gobierno de Funes anuló el contrato de construcción de la represa.
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Según la acusación contra Funes por revelación de documentos "secretos", el exmandatario dio a conocer en un programa radial, en noviembre de 2013, un Reporte de Operaciones Sospechosas emitido por una entidad estadounidense que involucraba al también expresidente Francisco Flores (1999-2004) en actos de corrupción.
Flores falleció en enero de 2016 mientras afrontaba la justicia por cargos de corrupción.
En la acusación figuran también el periodista costarricense Lafitte Fernández y el exfiscal Diego Balmore Escobar, por actos ilícitos para obtener el reporte estadounidense.
Funes afronta otros dos procesos penales por corrupción, uno de ellos por el desvío de 351 millones de dólares durante su gestión.
