De acuerdo al documento de 11 páginas, el fiscal provincial José Domingo Pérez requirió a la oficina máxima de la fiscalía que se investigue a Chávarry por el supuesto delito de encubrimiento, debido a que por su alto rango no puede ser examinado por un fiscal de menor jerarquía.
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Pérez, quien investiga a la lideresa opositora Keiko Fujimori y al expresidente Alan García, indicó que la obstrucción busca que “fracase la acción persecutoria” contra Fujimori y su partido Fuerza Popular.
Más tarde el fiscal general rechazó vía Twitter las acusaciones de Pérez y dijo que carecen de “sustento jurídico penal” y están llenas de “subjetividades”.
Chávarry, de 67 años, acumula cuatro denuncias constitucionales en el Parlamento que podrían iniciar el camino a su destitución, pero que no avanzan debido a que el partido de Fujimori, mayoritario en el Congreso, ha postergado los debates.
Favores por dinero
Todas las denuncias están relacionadas con un informe emitido en agosto por otra fiscal del principal puerto de Perú, la cual acusa a Chávarry de integrar un grupo criminal conformado por magistrados y empresarios que torcían la justicia a cambio de recibir favores o dinero.
A fines de agosto, una legisladora importante del partido de Fujimori consideró que la permanencia de Chávarry en el cargo de fiscal general es “un asunto de supervivencia”.
Chávarry también se ha enfrentado al presidente Martín Vizcarra, quien el viernes pasado dijo que el fiscal general “no es la persona más idónea” para dirigir el ministerio público.
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Rafael Vela, el coordinador del equipo de fiscales investigadores de los delitos ligados a Odebrecht en Perú, al cual pertenece Pérez, declaró el 15 de diciembre que son “permanentemente hostilizados” por el fiscal general.
Pruebas
Los fiscales que investigan los nexos de políticos peruanos con Odebrecht firmaron un convenio a principios de diciembre que permitirá que los investigadores reciban todo tipo de información de los sistemas informáticos encriptados llamados “MyWebDay” y “Drousys” que la constructora usaba para proteger sus sobornos.
Estas pruebas serían determinantes para hacer caer a los políticos más poderosos de Perú implicados en los delitos cometidos por Odebrecht.
Pérez investiga a Fujimori por supuestamente lavar 1,2 millones de dólares de Odebrecht que habrían ingresado a su campaña presidencial de 2011. Fujimori está presa de forma preventiva por 36 meses en una cárcel de mujeres.
De igual forma se investiga al expresidente García (2006-2011) por supuestamente haber recibido 100.000 dólares de la constructora.
Los otros expresidentes que han gobernado Perú desde 2001 también son investigados por presuntos nexos con Odebrecht.
De acuerdo a sus atribuciones, Chávarry podría remover a Pérez y a Vela de sus cargos, el último día del 2018. Vizcarra, quien encabeza una cruzada anticorrupción en Perú, le ha pedido a Chávarry que los mantenga en sus puestos “hasta concluir con sus investigaciones”.
