Las decisiones tomadas por el Gobierno con relación a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue el tema analizado este miércoles en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
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Como invitados participaron Alejandro Balsells, abogado e integrante del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon); y Francisco Quezada, abogado e investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Balsells consideró que el Ejecutivo ha violado una norma, por lo que el Ministerio Público debe abrir una investigación.
A su criterio, el Gobierno “ya no tiene ningún empacho” en violar cualquier principio legal. Y la ley establece que ningún funcionario puede hacer lo que no está en la ley.
Añadió que el acuerdo de CICIG está vigente y dice que no se pueden tomar acciones como se hizo. Lo que hay son justificaciones políticas, porque la coyuntura le conviene a unos, pero en realidad es algo ilegal.
“El acuerdo de la comisión dice que esto no se puede hacer y punto. Aquí ya hay un delito, esto ya no es cuestión de discutirlo en un tema administrativo. El MP tendría que actuar”, señaló.
En cuanto al plazo de 72 horas que Migración fijó para que los investigadores de la CICIG abandonen el país, el abogado aseguró que no se pueden dar pueden dar expulsiones grupales desde un país a otro, sino que cada caso es distinto.
En tanto, Quezada consideró que de ambas partes, la CICIG y la Presidencia, o bien el comisionado Iván Velásquez y el presidente Jimmy Morales, ha surgido un “catálogo de ilegitimidades”, que han hecho perder de cierta manera la institucionalidad que los regía.
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Opinó que ambos tuvieron un momento de mucha lucidez. Morales representó la nueva política, y Velásquez la lucha contra la corrupción, pero la perdieron en el camino y ahora lo que queda son dos figuras que están deslegitimadas.
“Han actuado con ilegalidades, es un juego de fútbol con reglas sucias. Las instituciones, como autoridades públicas, jamás debieron usar métodos poco ortodoxos para (lograr) sus intereses”, expuso.
Se puede impugnar
El plazo de 72 horas para que los funcionarios internacionales de la CICIG dejen el territorio nacional empezó a correr desde el mediodía del martes. De no cumplirse, se determinará su expulsión, según ha indicado Migración.
Sin embargo, la decisión de la Cancillería de no renovar las visas al personal podría impugnarse, señalaron los abogados entrevistados. Entonces, esto podría conllevar que se frene su salida del país.
“La acción administrativa de revocar las visas deja abierta la posibilidad de impugnar esta resolución, desde la vía administrativa para que se revoque, hasta llegar a un amparo”, dijo Quezada.
Consideró que el proceso llegará hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), con un amparo. Por lo cual, sobre el máximo tribunal va a descansar un tema que, a su criterio, la propia administración debió haber manejado con mucha prudencia.
En tanto, Balsells se refirió a que en Guatemala hay un proceso de deslegitimación que debe resolverse y que el contexto es complicado.
Concluyó señalando que los ciudadanos se deben abstraer de los líos personales que puedan tener ciertos funcionarios de CICIG y del Ejecutivo, pero que hay un tema institucional que hay que rescatar.
