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Avanza en el Congreso propuesta de ley para incrementar penas contra extorsionistas

De ser aprobada esta iniciativa, las penas a aplicar a personas que sean encontradas culpables de cometer el delito de extorsión serían de entre 12 y 20 años de prisión.

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso dio dictamen favorable a una iniciativa de ley, por medio de la cual se busca incrementar las penas de prisión contra extorsionistas.

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La sala legislativa avaló la propuesta presentada por el parlamentario Oliverio García Rodas, aunque con algunas modificaciones. Ahora se podrá continuar el proceso de discusión de este proyecto en el pleno.

Esta propuesta se enfoca en reformar el Código Penal. A criterio del ponente, la pérdida de valores en la sociedad cada día genera que más personas se sumen a la delincuencia organizada, y en ese sentido, es necesario contrarrestar estas organizaciones.

El dictamen emitido modifica el artículo 261 de la referida ley, que se refiere al delito de extorsión, y que actualmente plantea penas de uno a seis años de prisión. De ser aprobado quedaría así:

“Comete el delito de extorsión, quien por medio de violencia o intimidación y con ánimo de lucro, conseguido este o no, obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, o a realizar entrega de bienes o dinero”.

Añade: “Al responsable, cuando no haya conseguido el lucro pretendido, se le impondrá una pena de prisión de doce a quince años, y cuando sí haya obtenido el lucro buscado, la pena será de quince a veinte años”.

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Agravación

También se hace referencia a que el delito de extorsión será considerado agravado y se impondrá la pena máxima si se incurre en alguna de las siguientes circunstancias:

  1. Utilización de menores de edad o personas de la tercera edad para la comisión del hecho delictivo.
  2. Si la acción se comete contra funcionarios o autoridades, cuando el motivo sea por las funciones que desempeña.
  3. Si el responsable utiliza su condición de funcionario o empleado público para cometer los hechos. En este caso también se le impondrá la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el doble del tiempo de la pena de cárcel.
  4. Si se utilizan las redes sociales, teléfonos u otro medio informático para cometer el delito.
  5. Cuando la extorsión se planifique o realice total o parcialmente desde un centro de privación de libertad.
  6. Si es cometido por parientes de la víctima.

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