Gobierno de Ortega rechaza sanciones y desafía a EE. UU.

"Rechazamos con contundencia la declaración y resolución que con carácter de Orden Ejecutiva emitió hoy el gobierno de los Estados Unidos", se pronunció el gobierno en un comunicado.

Por AFP

El gobierno de Daniel Ortega afirmó este martes que las medidas anunciadas por Estados Unidos contra Nicaragua, que incluyen sanciones contra su vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, son una continuidad de la "política intervencionista" hacia la nación centroamericana.

"Rechazamos con contundencia la declaración y resolución que con carácter de Orden Ejecutiva emitió hoy el gobierno de los Estados Unidos", se pronunció el gobierno en un comunicado.

La administración Ortega, en el poder desde hace 11 años, consideró que las medidas son "la continuidad histórica de la injerencia y la política intervencionista de la potencia imperial norteamericana contra Nicaragua".

Estados Unidos impuso el martes sanciones económicas a Murillo, y al asesor de seguridad nacional de la presidencia, Néstor Moncada, por su responsabilidad en abusos contra los derechos humanos y actos de corrupción.

La disposición bloquea todos sus bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos, e impide a personas y entidades estadounidenses hacer negocios con Murillo y Moncada.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró además una "emergencia nacional" para enfrentar la respuesta que ha dado Nicaragua a las protestas, con saldo de cientos de muertos.

"Reclamamos con dignidad (..) el derecho inalienable a nuestra soberanía e independencia (..) somos una raza invicta, que no nos vendemos ni nos rendimos", desafió el gobierno nicaragüense.

Tildó además de "irrespetuosas, falsas e ilegítimas todas las acusaciones que ratifican las perspectivas y prácticas imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica, y la condición servil y abyecta de los vende patria criollos", en alusión a la oposición.

Las protestas contra el gobierno estallaron el 18 de abril contra una fallida reforma al seguro social pero luego se transformaron en una demanda de salida del mandatario, que ha acusado a los manifestantes de "golpistas".

La represión dejó más 320 muertos, según grupos humanitarios, y 198 víctimas fatales según la policía.

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