A pesar de que varios congresistas han mostrado su oposición a la propuesta del presupuesto general de Q87 mil millones, se logró aplazar su aprobación final para el próximo jueves.
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Sin embargo, después de dos horas de discusión ayer se aprobó en tercer debate con el apoyo de 113 votos.
Previo a señalar las irregularidades en el proyecto que dictaminó la comisión legislativa de Finanzas, los diputados aprobaron su presupuesto para 2019, el cual asciende a Q792 millones, que contempla Q100 millones para la Procuraduría, aunque el Ministerio de Finanzas sugirió una asignación de Q120 millones.
También el Legislativo debe trasladar Q13 millones al Parlamento Centroamericano y Q2.4 millones para la Corte Centroamericana de Justicia.
De acuerdo con algunos integrantes de la sala de trabajo de Finanzas, el recorte a la Procuraduría será trasladado a la Oficina contra la Tortura y a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Alerta sobre cierre
Por medio de un comunicado, el titular de la PDH, Jordán Rodas, lamentó la decisión de los diputados, porque puede que deban cerrar ciertos servicios de atención, restringir la cobertura y aumenta el riesgo de despidos.
“No está de más recordar que nuestro presupuesto no se ha incrementado en los últimos años, y aun así, se ha ampliado la cobertura y la dinámica de trabajo”, resaltó el procurador.
A la vez, comentó que esa decisión contraviene las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Tenemos Q20 millones que vayan a ver a dónde van a parar, lo extraño de todo esto, la comisión de Finanzas habla de un aporte extraordinario a la PDH de Q10 millones”, Oliverio García Rodas, diputado independiente
El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, instruyó a la mesa técnica que se ha reunido con los sancarlistas y médicos a escuchar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para un ajuste a su presupuesto para el próximo año.
