Fiscalización de aportes electorales, traspaso de capacidades de CICIG a entidades públicas

Desde hace tres años se ha denunciado que el pecado de la democracia son los aportes ilícitos a los partidos políticos.

Por Joel Maldonado

Las investigaciones que ha realizado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público han evidenciado el financiamiento en la política de diferentes sectores, por lo que se ha trabajado en el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral para las próximas elecciones generales.

La Comisión ha brindado asesoría para la fiscalización del ente electoral a través del intercambio de información con las superintendencias de Bancos, de Administración Tributaria y de Telecomunicaciones, como con la Contraloría General de Cuentas.

Las redes político-económicas han contribuido a varias agrupaciones políticas para luego cobrarse los favores con contratos públicos, lo cual ha llevado a la cooptación del Estado por grupos ilegales.

Sin embargo, la reforma al artículo 407 “N” del Código Penal permite que los secretarios generales de los partidos políticos no tengan responsabilidad penal, y atenta centra las investigaciones por financiamiento electoral ilícito, pues existe un conflicto de intereses de algunos diputados señalados con ese delito.

Entre los casos de financiamiento electoral ilícito están el de “Lavado y Política” “Construcción y corrupción”, además se han identificado gastos no reportados por los partidos Unidad Nacional de la Esperanza, Libertad Democrática Renovada, Frente de Convergencia Nacional-Nación y Encuentro por Guatemala.

 

“Existen un financiamiento electoral que tiene orígenes ilícitos, pues proviene de actos de corrupción, actividades criminales o del narcotráfico, y el financiamiento que, aunque no proviene de fondos ilícitos, es entregado y canalizado mediante mecanismos ilegales, evadiendo registros y simulando muchas veces la prestación de servicios”, explica la CICIG en el informe de labores.

Añade que financiar al futuro gobernante permite cerrar el ciclo completo de la corrupción: la cooptación del Estado vía las urnas.

Net center: otra forma de atacar

La importancia de las redes sociales desde 2015 hizo que políticos, exfuncionarios y empresarios vinculados en casos de corrupción contrataran a net center para desinformar sobre el trabajo de la Comisión o crear falsas noticias.

A pesar de que es difícil identificar el perfil de los usuarios en las redes, se sabe que los net center funcionan a escondidas y en contra de la lucha contra la corrupción, pero crean varias cuentas con personalidades ficticias y fotografías irreales para incidir en la opinión de manera malintencionada.

 

 

 

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