Piden a la CC que declare con lugar amparo contra el Presidente por decisiones sobre CICIG

Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) escucharon este miércoles los argumentos con relación a un amparo promovido contra el presidente Jimmy Morales por sus decisiones acerca de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el comisionado Iván Velásquez.

La acción fue planteada por el abogado Ramón Cadena, quien señaló que las actuaciones de Morales de no renovar el mandato de la comisión y prohibir el ingreso de su titular al territorio nacional, no son procedentes.

En una vista pública realizada en la CC, Cadena señaló que la decisión del presidente es un acto contrario al derecho internacional de los derechos humanos y por lo tanto debe ser declarado nulo.

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Dijo que la decisión de Morales no cuenta con argumentos sólidos, pues solamente se indicó que “confía plenamente en las capacidades técnicas de nuestras instituciones”.

Además, consideró que hay fraude de ley en la decisión del mandatario y que la misma “nos deja en una situación de desamparo en la lucha contra la corrupción e impunidad en el país”.

“Se trata de eludir de una forma que da margen al fraude de ley porque no se da una argumentación para tal decisión”, expuso ante los magistrados.

Por aparte, Cadena recordó que el presidente ha calificado como una orden ilegal la resolución de la CC que otorga el amparo provisional y explicó que ese principio, que “es muy importante”, se aplica cuando hay relación jerárquica, pero entre poderes no hay jerarquía, así que no puede hablar de no cumplir una orden de un órgano como la CC.

Continuó señalando que el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de la CICIG, se creó bajo el concepto de que se trataba de un acuerdo internacional en materia de derechos humanos, por lo que su interpretación no está sujeta a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sino sobre el derecho de los tratados.

“Los corruptos que no se someten a la ley y que no quieren aceptar el trabajo de la CICIG iban a cuestionarlo obviamente, por eso dijimos que era ese tipo de acuerdo, aunque costó que lo aceptaran”, manifestó Cadena.

Asimismo, aseguró que la CICIG ha sido calificada en el mundo como una iniciativa muy exitosa en la lucha contra la impunidad y que Iván Velásquez no es un diplomático ni embajador, sino que es un comisionado para la lucha contra la corrupción e impunidad en el país.

Concluyó indicando que las decisiones de Morales podrían causar un aislamiento innecesario del Estado de Guatemala del resto de la comunidad internacional.

El abogado Juan Castro, del Bufete de Pueblos Indígenas, detalló que no es legítimo lo que Morales está disponiendo, pues según explicó, el sentido ciudadano es de fortalecer el estado de derecho y la justicia en Guatemala, “pero él se está protegiendo a sí mismo, a su familia y a un círculo” de personas.

En ese sentido, pidió que se declare con lugar el amparo presentado y no se permita que funcionarios “desafíen” a la CC desobedeciéndola.

Decisiones basadas en ley

En tanto, el abogado Luis Sosa Avendaño, en representación de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que es tercera interesada en el expediente, señaló que el amparo es improcedente.

Argumentó que la acción está siendo promovida por un conjunto de personas que están actuando en su calidad de ciudadanos guatemaltecos, y no existe en el amparo la acción popular, sino que debe actuar la persona directamente perjudicada por el acto reclamado.

Además, hizo referencia a que la ley de Amparo indica que al momento de que se vean afectados los intereses jurídicos de carácter colectivo corresponde con exclusividad al Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos hacer valer estos intereses.

Por aparte, aseguró que el presidente Morales ha actuado de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y el artículo 14 del acuerdo suscrito entre la ONU y Guatemala para la creación de CICIG.

Así como en seguimiento a una recomendación que hizo el Consejo de Seguridad Nacional “ante la situación imperante en Guatemala”, por lo que pidió que el amparo sea denegado.