Las modificaciones a las sanciones por financiamiento electoral ilícito en el Código Penal no implican que los señalados por ese delito queden sin ninguna condena, ya que el ente investigador analiza la reforma que aprobaron los diputados hace dos semanas.
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Óscar Schaad, titular de la Fiscalía de Delitos Electorales, comentó que la derogatoria de alguna ley no exime de responsabilidad penal de los actos cometidos durante la vigencia de dicha ley, por lo que las investigaciones por ese delito continúan, ya que han analizado otras sentencias de la Corte de Constitucionalidad, pues la recomendación del máximo tribunal es definir las penas relativas a la proporcionalidad de los actos cometidos.
Avanzan investigaciones
La fiscal general, María Consuelo Porras, indicó que próximamente se judicializarán las muertes de integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), ya que se trabaja en una mesa técnica para informar sobre la motivación en particular de las muertes de esas personas.
Asimismo, resaltó que no existe una persecución política contra las personas vinculadas en los procesos que se han conocido.
“Hay que advertir en este caso que jamás van a quedar exentos de ninguna responsabilidad penal a las personas que sindica el MP, en ningún momento se va a significar impunidad”.
“En cuanto entre en vigencia se analizará bajo la óptica criminal para considerar pertinente plantear o no alguna inconstitucionalidad por si atenta contra algún principio constitucional”.
“La norma reformada, si es que nace a la vida jurídica, tendrá dos supuestos y será parte del ordenamiento jurídico y en consecuencia de aplicación inmediata”.
“La creación de la fiscalía trasnacional no pretende sustituir a la FECI, que tiene su propia competencia, y la otra se enfocará en delitos transnacionales”.
