La diputada Andrea Villagrán presentó una iniciativa para reformar el artículo 261 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (PINA), que se refiere al internamiento de adultos en centros correccionales.
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La legisladora propone que las personas que ya cumplieron la mayoría de edad, están recluidas en centros de privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley penal y cometan un delito durante su estancia en el lugar sean puestas a disposición de Juzgados para Adultos y trasladadas a cárceles a cargo del Sistema Penitenciario.
La normativa vigente establece que “si el adolescente privado de libertad cumple 18 años de edad durante su internamiento, deberá ser ubicado separadamente de los adolescentes o ser trasladado a un centro especial para este fin”. Y resalta que “por ningún motivo será trasladado a un centro penal para adultos”.
Pero de acuerdo con Villagrán, actualmente el porcentaje más alto de comisión de delitos dentro de los centros para menores son ocasionados por jóvenes mayores de 18 años, quienes pese a los hechos no son trasladados a centros para adultos.
En su propuesta menciona que la convivencia con mayores de edad que tienen perfiles de alto riesgo y siguen cometiendo nuevos delitos en los correccionales, influye de forma negativa para el proceso de reinserción de los adolescentes que presentan buena conducta.
En ese sentido, por considerar que los adultos son “líderes negativos” para el restante de la población interna, la legisladora de la bancada Todos manifiesta que debe hacerse la reforma, pues de lo contrario “se atentaría contra lo más preciado de la sociedad: la juventud”, que según indicó, corresponde al 66.5 por ciento de la población de Guatemala.
“Es tan importante velar por el bienestar de los jóvenes, especialmente de quienes se encuentran en conflicto con la ley penal, puesto que son los que están ante una situación más vulnerable y de desigualdad”, puntualizó.
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Así quedaría el artículo
En el fragmento del artículo 261 que indica que quien cumpla 18 años en un correccional por ningún motivo será trasladado a un centro penal de adultos, la iniciativa de Villagrán añade que se exceptuará “el caso en el que este sea ligado a un nuevo proceso penal por su posible participación en la comisión de un delito dentro del centro donde se encuentra recluido”.
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Y agrega que: “Las autoridades deberán poner a disposición al mayor de edad ante un juzgado de mayores y deberán realizar las gestiones correspondientes para su traslado al centro del sistema penitenciario del país al cual sea remitido por disposición judicial, en el cual deberá continuar cumpliendo su sanción”.
En opinión de la diputada, de esta manera se tendrá un mejor control en el desenvolvimiento de los menores y se podrán conseguir mejores resultados con relación a su rehabilitación y reincorporación a la sociedad.
