Este miércoles en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se realizó un análisis acerca de la recomendación de la comisión pesquisidora que conoció el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales para que no se le retirara la inmunidad. Además, de la votación del pleno del Congreso, que tampoco permitió avanzar para que pudiera ser investigado por supuesto financiamiento electoral ilícito.
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Otro tema abordado en la entrevista fue el de los aparentes nombramientos ilegales que se habrían dado en el Ministerio Público (MP) y las posturas de la actual gestión de esa entidad, a cargo de Consuelo Porras, y del equipo de la exfiscal general Thelma Aldana.
¿Cuál es el escenario político actual al dejar vigente el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales?, fue la pregunta que se les planteó a los invitados en cabina, siendo ellos: Jorge Luis Ortega Torres, exdiputado al Congreso; Francisco Contreras, también exdiputado e integrante de Primero Guatemala; y Gerson Sotomayor, analista político y exasesor del Congreso.
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A criterio de Sotomayor, la votación de los diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), tanto en la pesquisidora como en el pleno, influyó para tener el resultado que se dio.
Para él, la comisión que conoció el expediente de antejuicio tomó una posición absurda cuando sus integrantes empezaron a verter comentarios acerca de si iba a pasar o no el 407 N del Código Penal, relacionado con el delito de financiamiento electoral ilícito, y sobre las recomendaciones de la Corte de Constitucionalidad en el tema, ya que la función que tenían no era determinar si hay delito o no.
Los legisladores debían solamente analizar si los argumentos expuestos en la denuncia, planteada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), eran espurios, políticos o ilegítimos, no establecer responsabilidades, así que según Sotomayor, podría haber incluso extralimitación de sus funciones.
El analista resaltó que por no alcanzarse los 105 votos para que el antejuicio fuera dado con lugar, ni tampoco esa misma cantidad para que fuera rechazado. El expediente quedó archivado y puede ser conocido nuevamente por el pleno en cualquier momento.
En tanto, Ortega consideró que la pesquisidora realizó su trabajo en función de entrevistar a cada parte relacionada con el caso, escuchar audios, y dictaminaron de acuerdo con lo que verificaron, pero “el tema en el Congreso es matemático y las posiciones políticas están fijadas ya y es donde se dan las sorpresas”.
Se esperaba que no alcanzaran los votos de quienes están a favor del presidente para que el informe fuera de forma negativa para el retiro del antejuicio, pero sorpresivamente los diputados de la UNE cambiaron los resultados. “Uno se abstiene y se va, otro se queda pero vota contrario al informe que él mismo redactó, porque era el secretario de la comisión”.
En ese contexto, el exdiputado consideró que en el Congreso se puede observar el interés de cada quien y actualmente el de varios parlamentarios es ver cómo garantizan su reelección.
Para Contreras, pareciera que la decisión de la pesquisidora fue política, lo cual da un mal mensaje a la ciudadanía. “Su rol no era ser juez y ver si el presidente era culpable, sino determinar si había hechos y evidencias”.
¿Nombramientos ilegales en el MP?
El integrante de Primero Guatemala también se refirió al tema del MP, e indicó que aunque se discuten las razones por la que fueron removidas las personas de los cargos de Fiscales Regionales y Coordinación Nacional, se debe ver más profundamente el tema.
“A la vez que retiran gente en MP, también retiran visas al personal de CICIG, en Gobernación también retiraron personas de puestos importantes”, destacó.
A su criterio, el sector justicia todavía debe mejorar en su totalidad, pero se cambia la estrategia y eso representa un gran riesgo, pues generalmente se hacen cambios cuando algo no está funcionando, así que habrá que ver qué resultados van a darse en uno o dos años.
“La invitación es a no perder la vista como ciudadanía de estos cambios importantes que se están dando. Estas acciones demuestran que el tema no era Iván Velásquez, sino directamente la CICIG”, expresó Contreras, y consideró que se está debilitando el MP.
En tanto, Ortega partió del tema de la polarización que se ha dado en el país, y señaló que se vive una “época de odiología” en el país, donde cada quién buscó su bando y empezó a volverse fan de una parte u otra.
Todo lo que está pasando, tanto en el Congreso como en la justicia, aplauden las resoluciones quienes están a favor de cada uno de esos grupos. “Esas mismas divisiones nos están llevando al debilitamiento de las instituciones”.
Aldana tiene derecho de participar para un cargo de elección popular, pero el ponerse como posible candidata la hace entrar en el mundo de la política y las “pedradas” que le van a llegar por ello también impactarían en el MP y lo podrían debilitar.
Sotomayor indicó que se debe partir de un escenario concreto, en el que se ha extrapolado mucho el tema que involucra al MP con argumentos más políticos y de enfrentamiento personal, pero realmente se debe discutir la legalidad de lo que se está denunciando.
El planteamiento de la actual fiscal general, Consuelo Porras, incluye algo que el equipo de Aldana no aclaró.
Luego de las reformas de 2016 se crea la figura de los Fiscales Distritales que se incorporan a la carrera y el Congreso mandata mandar a hacer un reglamento porque se le retiran las funciones al Consejo que tenían en materia de recurso humano, de disponer del tema del personal. Ello iba enfocado a disminuir el tema discrecional, dijo.
“La pregunta es si se cumplió o no con lo dispuesto en esas reformas, y si existe o no un reglamento que permitiera realizar el procedimiento, si no existiera, es ilegal, si existe y se cumplieron los procedimientos, sería legal”, expuso.
Además, señaló que la Ley Orgánica del MP mandata realizar una publicación en el Diario Oficial y nunca se hizo, así que consideró que podría haber vicios en el procedimiento.
“Veo con demasiada falta de tino técnico la respuesta que da el equipo de la exfiscal porque no evacúa las dudas técnicas que existen realmente en el fondo del planteamiento de Porras”, puntualizó el analista político.