Acompañada de su principal asesor, Juan Carlos Corona, y del segundo subsecretario, José Eduardo López, la fiscal general y jefa del MP justificó la anulación de los ascensos de cinco fiscales regionales y de la excoordinadora nacional por vicios e irregularidades en el proceso que autorizó la exfiscal Thelma Aldana.
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Asimismo, Porras Argueta afirmó que se empezará una investigación contra la administración de Aldana debido a las denuncias y así tener un soporte sobre la investigación.
Por más de 60 minutos y en algunos momentos molesta, la fiscal general señaló incumplimientos en la promoción de cinco fiscales a las unidades regionales y de la coordinadora nacional Aura Colindres y de Miriam Ambrocio, quienes renunciaron por posibles presiones de Corona.
Además, ayer renunció la jefa del Departamento Jurídico del MP, Diana Benavides, por supuestas intimidaciones debido a una deuda por el edificio donde está el ente investigador.
Porras Argueta indicó que se incumplió con los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y tampoco la convocatoria se publicó en el diario oficial.
“Siendo una mujer de ley no podía callarme y simple y sencillamente dejar sin efecto estos nombramientos porque obviamente violaron el debido proceso. No podía callar estos actos de impunidad en el Ministerio Público”, expresó la fiscal general.
El informe en el que se establecen los vicios sobre los ascensos participaron el director de Recursos Humanos, el segundo subsecretario general, el asesor del Despacho del MP y el asesor de la junta disciplinaria.
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Niega incumplimiento
Mayra Véliz, secretaria general en la gestión de Aldana, señaló que la fiscal general no está siendo bien asesorada por el equipo que ella conformó, ya que se cumplieron con los acuerdos con las reformas para la convocatoria.
“Ella dice que no se dio el tiempo para presentar su papelería, la convocatoria se publicó en el diario oficial, en un medio de mayor circulación y en el portal interno del MP para privilegiar la carrera fiscal y el mérito interno y hasta Aldana permitió una prórroga”, agregó Véliz.
La ex secretaria general defendió la evaluación que hizo Ana Elena Guzmán, Stuardo Campo y Ambrocio por tener los conocimientos de la institución.
“Decisiones no ayudan a la institución”, Alejandro Balsells, constitucionalista
Cada entidad está en su derecho de revisar los procedimientos, pero llama la atención que en un procedimiento de revisión haya pedido las renuncias, ya que es un acto personal porque si está esa evaluación, no se puede utilizar la fuerza, lo cual parece extraño porque hay personas que tienen más de 10 y 20 años. La decisión afecta la institución porque genera incertidumbre al personal y está llevando la crisis institucional al seno del Ministerio Público, lo cual no ayuda en nada y debió ser un tema que tuvo que ser resuelto sin mayores complicaciones.
