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Analistas consideran que no es momento de aprobar reformas a la Ley Electoral por cercanía de elecciones

En el Congreso se planteó ayer una propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en busca de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no pueda cancelar partidos políticos que incurran en financiamiento electoral ilícito y que la responsabilidad penal no recaiga en los secretarios generales.

El tema fue analizado en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en donde participaron como invitados Edgar Ortíz, analista político y catedrático universitario; José Carlos Sanabria, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies); y el diputado Oscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Argueta señaló que no se le está quitando la potestad al órgano electoral de sancionar y cancelar a los partidos, sino que se está intentando fijar un debido proceso que permita a las organizaciones políticas realizar su defensa.

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Indicó que esto contemplaría dejar un período de seis meses para que el partido señalado solvente su situación previo a que se proceda a cancelarlo.

Según explicó, en todo el capítulo ocho de la Ley Electoral, relativo a las sanciones se explican los procesos, pero en el 21 TER, literal K, se obvian los procedimientos, pues señala que de oficio sea suspendida la organización partidaria.

A criterio de Sanabria, sería inconveniente e irresponsable aprobar una serie de reformas en este momento, ya que falta poco tiempo para la convocatoria a elecciones generales 2019, que se realizará en enero.

El analista consideró que no se ha dado una discusión clara e intensa sobre el tema. “Dado el contexto, la cercanía del proceso electoral, en este momento resulta muy inconveniente aprobarlas”, dijo.

En su opinión, el único objetivo que se observa sobre la mesa es el interés de corto plazo que tienen los diputados por aprobar “el famoso transfuguismo”, es decir, las modificaciones al artículo 205 BIS, que les permitiría a quienes actualmente están “en el limbo legal” sobre si podrán o no participar por la reelección, habilitar esa posibilidad.

En tanto, Ortiz consideró que causa suspicacia que este tipo de temas se aborden en el momento en el que el partido oficialista, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), ha sido señalado de posibles irregularidades en cuanto al financiamiento.

“El Congreso como Organismo tiene el gran reto de aprobar reformas que no sean regresivas en general al sistema, sino que fortalezcan la lucha por la transparencia electoral, pero los grandes temas ya no van a dar tiempo para la próxima elección”, puntualizó.

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