Ministerio Público solicita condena contra exministro de Gobernación

El exministro de Gobernación, Raúl Antonio Velásquez Ramos, y dos personas más fueron investigadas por el Ministerio Público por actos de corrupción efectuados en la Policía Nacional Civil en el 2009.

Por Yuly Pérez

Por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el Ministerio Público solicitó una condena en contra del exministro de Gobernación, Raúl Antonio Velásquez Ramos y dos personas más, por actos de corrupción efectuados en la institución de la Policía Nacional Civil en el año 2009.

La solicitud fue girada con los diversos medios prueba ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal. Para Velásquez Ramos pidieron tres años de prisión por el delito de abuso de autoridad, seis años por el delito de concusión y una multa de 25 mil quetzales, por lavado de dinero solicitaron 10 años, aumentada en tercera parte y una multa de 1 millón 300 mil quetzales, más decomiso de inmueble.

Las otras dos personas involucradas en actos de corrupción en la Policía Nacional Civil son Edwin Giovanni Molina Leal y Carlos Rodolfo Ocampo.

Para Molina Leal, el Ministerio Público pidió una pena de cuatro años de prisión por el delito de cohecho pasivo y una multa de 50 mil quetzales, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, seis años por el delito de lavado de dinero y una multa de 1 millón de quetzales.

En el caso de Ocampo, la pena solicitada es de cuatro años de prisión conmutables por estafa propia, a razón de 25 quetzales por día y una multa de 5 mil quetzales.

Antecedentes

Según las investigaciones del Ministerio Público, el 18 de septiembre del 2009, la Dirección General de la Policía Nacional Civil y la empresa Proyectos Maskana, S.A.  firmaron el contrato administrativo 113-2009, para la compra de cupones canjeables en gasolina, por un monto de Q40 millones.

Dichos recursos fueron desviados a empresas de Panamá, Brasil y Estados Unidos, y se utilizaron para otras actividades ilícitas que beneficiaron a particulares.

La investigación inició en febrero de 2010 posterior a que la intendencia de Verificación Especial (IVE) presentara una denuncia por incumplimiento de contrato y transacciones sospechosas de lavado de dinero de fondos recibidos por la empresa Proyectos Maskana.

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