El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Hugo Muñoz, anuló este miércoles el indulto humanitario concedido el año pasado al expresidente peruano, Alberto Fujimori, y ordenó su inmediata ubicación y captura.
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El tribunal declaró fundado pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario en favor del exmandatario de 80 años de edad, quien reside en Lima desde que recuperó su libertad en diciembre de 2017.
Por medio de su cuenta de Twitter, el Poder Judicial informó que el juez Muñoz ordenó la detención de Fujimori, “a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria”.
En junio, la Corte Interamericana dispuso que el indulto fuera revisado por presuntos errores en el proceso y puso octubre como fecha limite para pronunciarse.
Citado por El Comercio, Miguel Pérez Arroyo, abogado del expresidente peruano, indicó que su representado está “bastante consternado” con la resolución y agregó que el fallo “es acatable” desde el punto de vista jurídico, “pero es cuestionable”.
Arroyo señaló que apelará la decisión. “Claro que sí (vamos a apelar), hay una doble instancia que se tiene que reconocer”, subrayó.
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El abogado explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la sentencia que dio sobre el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski, señaló que “la vía correcta” para definir si este fue dado dentro del marco legal era la constitucional y “no la penal”.
Arroyo estimó que Fujimori deberá retornar al penal de Barbadillo en la Diroes, aunque dijo que, “en la lógica de la venganza política”, es posible que el expresidente sea llevado a Challapalca.
Recién en agosto, Fujimori había dicho que su liberación estuvo “sustentada médicamente”, y declinó la posibilidad de que el perdón humanitario fuera revocado. “No (…) Eso está sustentado médicamente. Yo tengo fibrilación auricular paroxística, que es una enfermedad riesgosa”, comentó a RPP.
El exmandatario, quien padece problemas crónicos de salud como hipertensión y arritmia cardiaca, deberá ahora cumplir la totalidad de su sentencia de 25 años por crímenes de lesa humanidad durante su gobierno (1990-2000).
