El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron en agosto pasado las solicitudes de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales y la diputada Nineth Montenegro por supuesto financiamiento electoral ilícito.
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Ambos son señalados en su calidad de secretarios generales de los partidos Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Encuentro por Guatemala, por supuestas irregularidades detectadas en el manejo de los fondos para la campaña electoral del 2015.
Acerca de cómo avanzan estas diligencias se conversó hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas. Como invitados en cabina participaron Pablo Duarte, exdiputado al Congreso; y Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies). Mientras que por la vía telefónica se conversó con la legisladora señalada.
Linares se refirió a cómo se han desarrollado las sesiones de la comisión pesquisidora que conoce el antejuicio contra Morales, a las cuales ya se presentaron representantes del MP y la CICIG para ratificar la denuncia.
El analista señaló la “forma torpe” en la cual el diputado de FCN-Nación, Rudy Pereira, durante estas reuniones trató de desvirtuar los señalamientos y buscar minimizarlos, cuando al final, según él, hay muchos elementos que reflejan que sí se habría incurrido en financiamiento electoral ilícito.
En este caso hay un agravante de que Morales se presentó ante los electores como “ni corrupto, ni ladrón”, por lo cual estaba obligado a ser “escrupulosamente cuidadoso y recto” en todas sus actuaciones y hubo de por medio un financiamiento que no cumplió con las estipulaciones de la ley, señaló el entrevistado.
Por ello, consideró que el antejuicio es pertinente, pues al final de cuentas no es un juicio donde se sabrá si es o no culpable, sino que solamente servirá para abrir la posibilidad a que el mandatario pueda ser investigado.
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“La comisión pesquisidora, después de escuchar esos indicios que presenta el MP, debería dar un dictamen favorable para que se dé siguiente y de esa forma dilucidar lo más pronto posible ese problema”, expresó.
Por el contrario, Duarte destacó que el antejuicio promovido contra Morales pareciera haber sido originado con el objetivo de evitar que se desarrolle el proceso de elecciones de 2019, como a su criterio, ocurrió cuando se señaló al expresidente Otto Pérez Molina.
“Estaban esperando que él dijera vengan a traerme y hubiera sacado los soldados y tanques a las calles y no se hubiera dado el proceso electoral”, expresó.
Opinó que se estén dando estos señalamientos cuando solo faltan meses para los comicios es una “verdadera barbaridad”, pues para Guatemala “es inconveniente bajo todo punto de vista que haya otro presidente preso”.
El exlegislador señaló que el 407 N del Código Penal es uno de los artículos “mal hechos”. “El primer párrafo se refiere a los delitos de dinero ilícito, que proviene del narcotráfico o secuestro, que pueden echar en una campaña electoral. Se refiere a dinero sucio”, dijo.
Añadió que en el segundo párrafo ya se habla del tema del financiamiento anónimo, el cual proviene de fuentes lícitas, pero que por algún motivo no fue anotado por el partido en sus informes contables; sin embargo, no se hace una separación y podrían aplicarse las mismas penas en ambos casos, destacó.
Tanto los señalamientos contra Morales como contra Montenegro, según él, son un montaje. Aseguró que la Corte de Constitucionalidad ha indicado que corresponde al juzgado que tenga a su cargo el expediente establecer si es un tema penal o administrativo.
Diputada reitera que son temas administrativos
La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, aseguró que no hubo financiamiento anónimo en ese partido, pues el cheque recibido se ingresó a una cuenta de donaciones del partido.
“Lamentablemente hubo un error del contador que a la hora de mandar el informe de campaña equivoca el nombre del donante, y en lugar de poner el nombre de Avances S.A. o Paulina Paiz, puso otro”, explicó.
“El contador en lugar de preguntar lo registró a mi nombre, como que yo era la donante y el recibo de donante nunca se me entrega”, añadió.
Según ella, no se puede hablar de financiamiento anónimo cuando se ingresó a la cuenta bancaria , se trasladó al Tribunal Supremo Electoral el informe y consta en los libros contables. Por lo tanto, consideró que son errores o faltas administrativas.
“Jamás podría calificarse como delito de financiamiento ilícito”, porque este es corresponde a recursos provenientes por ejemplo del narcotráfico, el anónimo tampoco cabría porque fue bancarizado, puntualizó.
La legisladora dijo que este caso fue muy poco investigado y afirmó que es injusto que a los secretarios generales se les atribuyan responsabilidades por posibles hechos ocurridos en todo el país.
“Nos pusimos a la disposición inmediata de quien correspondiera y no hemos puesto ningún obstáculo”, manifestó.
Indicó que ya presentó las pruebas de descargo ante el juez pesquisidor que fue nombrado para conocer las diligencias de antejuicio en su contra, y resaltó que es Encuentro por Guatemala el más interesado en que la situación se resuelva.
Aunque dijo sentirse afectada porque hayan puesto en entredicho su nombre solo por ser secretaria general, y considera que “aquí hay una mano oscura”, afirmó estar convencida de que si en realidad la justicia en Guatemala no se politiza, se tendrá un resultado justo en este caso.
