La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró "al Estado de Guatemala responsable por la muerte de 11 personas y por las lesiones sufridas por otras 29, causadas por el ejército durante la llamada masacre de Xamán", indica un comunicado del ente interamericano, con sede en Costa Rica.
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La sentencia fue notificada este viernes. En el hecho violento se perpetró en 1995 y entre los 11 fallecidos se encontraban una niña y dos niños. Por este caso 14 militares fueron condenados y 11 permanecen prófugos.
El 5 de octubre de 1995 una patrulla militar se adentró en la comunidad "Aurora 8 de octubre", ubicada en la finca Xamán e integrada por población indígena que había retornado del sur de México, donde se habían refugiado por años para escapar de la represión militar.
"Los soldados fueron rodeados por pobladores, quienes requerían explicaciones sobre la presencia militar en el lugar. Al intentar salir del lugar, los militares dispararon", señala la nota.
Responsabiliza al Estado de Guatemala
Según la Corte, durante el conflicto armado, que concluyó en 1996, "el Estado aplicó la Doctrina de la Seguridad Nacional, donde consideró a miembros del pueblo maya como parte del enemigo interno", como el gobierno calificaba a la guerrilla izquierdista.
El organismo estableció que los atacantes cometieron delitos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos y que fueron de naturaleza discriminatoria ,en contra de personas indígenas.
Advirtió que, si bien se produjeron algunas condenas, "la actuación estatal no fue diligente dada la falta de medidas para hacer efectivas las órdenes de captura de los 11 militares que permanecen prófugos".
La Corte señala que Guatemala también violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial establecidos en la Convención Americana. Y ordenó continuar la investigación de los hechos y enjuiciar eventualmente a otros involucrados en la matanza.
Datos
Según un informe de la ONU presentado en 1996, la masacre de Xamán fue la última en el marco de la guerra, que dejó 200.000 muertos o desaparecidos. El 93% de las violaciones a los derechos humanos constatadas fueron responsabilidad de los aparatos estatales.
