Analistas resaltan necesidad de transformar la demanda política para que la oferta pueda mejorar

Por Nancy Alvarez

Acerca de qué se vislumbra del proceso electoral del próximo año, en el que se pondrán en marcha las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobadas en 2016, se conversó hoy en el programa A Primera Hora.

Como invitados en cabina participaron Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro; y Renzo Rosal, analista político, quienes coincidieron que uno de los riesgos de estos comicios podría ser que el financiamiento de partidos políticos sea con fondos de origen ilícito, como se habría dado en anteriores procesos.

En ese sentido, Rosal dijo que las reformas que se aplicarán, aunque son diversos los temas que abordan, trata de profundizar en el financiamiento electoral, y parte de esto tiene que ver con normas para fiscalizar cada vez más el origen de los recursos.

Ahora “las reglas del juego cambian muy fuertemente”, por lo cual todas aquellas personas o empresas que estén interesadas en participar como financistas, así como los partidos que participarán y el propio Tribunal Supremo Electoral, que es el encargado de fiscalizar deben “tener cambio de chip”, señaló.

A su criterio, en 2019 será más rigurosa la observancia, habrá menos financistas y por lo tanto menos financiamiento, lo cual abre la puerta para que se autofinancien ciertas personas u organizaciones, principalmente las respaldadas por redes criminales.

Los entrevistados señalaron que aunque ya se hicieron algunas modificaciones a la normativa que regula el tema de los partidos políticos, faltan aplicar otras para que en realidad existan avances y las organizaciones ya no sean utilizadas solo como “vehículos electorales”.

Actualmente están en discusión en el Congreso nuevas reformas; sin embargo, Rosal consideró que sería prudente dejar la discusión para después, tomando en cuenta que solo faltan meses para que se lleven a cabo los comicios.

A criterio del analista, el país necesita mayor fortalecimiento del sistema político y eso significa continuar la reforma de la Ley Electoral; sin embargo, hoy por hoy es necesario apuntarle a cómo poner en marcha las aprobadas en 2016 y construir una propuesta fuerte para ser analizada y que se pueda aplicar en las próximas elecciones.

Rosal no ve viable que en la actual coyuntura se aprueben nuevas modificaciones, pues incluso podrían “meter un gol” los diputados, especialmente cuando se ha mencionado que estarían buscando reformar el tema del transfuguismo y beneficiar a las personas que han recurrido a esta práctica para que puedan tener posibilidades de postularse.

“Apostaría a postergar la discusión para garantizar la profundidad del análisis de los temas y la transparencia”, resaltó.

Tomando en cuenta que varios partidos han sido cancelados o están en ese proceso, Caballeros dijo que este escenario lo que refleja es lo mal que están hechas las leyes en el país.

“Aquí hay una responsabilidad de los legisladores, pues no solo la ley Electoral está mal hecha, sino que muchas otras más. Que dejen dudas en cuanto a cómo se aplican. Eso hace tan difícil el cumplimiento de la ley para todos los ciudadanos. Las leyes están hechas para que nadie las entiende y por lo tanto nadie las cumpla”, dijo.

En cuanto a la oferta que se espera para los comicios de 2019, la directora de la Cámara del Agro consideró que se llegará a estos con varios partidos, aunque no todos sean de los más conocidos.

A su criterio, un tema de fondo que debería ser analizado es que no se ha logrado tener una reforma electoral enfocada en transformar la oferta electoral. Según dijo, esto también se relaciona con la demanda electoral, es decir lo que los ciudadanos esperan de los políticos.

“Tenemos que transformar la demanda política para que la oferta pueda mejorar. El proceso electoral de 2019 va a marcar la pauta de lo que podemos esperar del siguiente proceso electoral”, manifestó.

Depuración

Para Renzo Rosal hay un tema que se ha soslayado, que es la depuración, no solo del Congreso como ha sido una constante petición de la ciudadanía, sino de los partidos.

El analista recordó que antes en el país la formula de cancelación de partidos se daba generalmente cuando no obtenían los resultados en porcentajes que indica la ley, pero ahora se da también por señalamientos.

Según explicó, con la aplicación de las reformas, ahora todos los partidos tienen obligación de postular candidatos a la presidencia y aquellos que no lo hagan, deben postular candidatos a diputados, y en esto ve un mecanismo de depuración porque las organizaciones que participarán perderán la ficha de forma más acelerada al no alcanzar los porcentajes.

De acuerdo con él, hay un menú de mecanismos de depuración de partidos está en marcha, en el que también se incluye el hecho de que participarán partidos “reciclados”, y habrá que ver si logran sobrevivir. Además, ve posibilidades electorales limitadas para los partidos nuevos que podrían ser parte del proceso de 2019.

“La ventaja de momento la tienen los partidos que ya están conformados y que ya tienen cierta estructura. Las reformas de 2016 tiene que ver con reducción del periodo de campaña, así que será de tres meses. En ese período se deben exponer y lo harán quienes tienen un conocimiento previo. Hay poco margen para partidos nuevos o personajes nuevos”, dijo.

En esta línea, resaltó además la aplicación de la Ley Magnitsky, con la cual Estados Unidos sanciona a personas vinculadas con irregularidades.

“El hecho de que a tres meses de la convocatoria las elecciones parecen aburridas y con poca expectativa, obedece a que lo que está en medio no es lanzamiento de partidos, sino de salvataje de partidos”, consideró el entrevistado.

Por aparte, Caballeros ve que incluso la captura del excandidato presidencial Manuel Baldizón, ejecutada en Estados Unidos, podría incidir en el proceso de elecciones, ya que a su criterio tendrá un efecto en que muchos candidatos van a desaparecer del panorama.

Además de ello, citó las que a su criterio son “tres herramientas poderosas”. Coincidió con Rosal en que una de estas es la Ley Magnitsky.

Y añadió otra es la lista negra de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), y la que surgirá luego de la enmienda presentada por la congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, que incluirá a ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras que habrían incurrido en irregularidades.

“Incluye a funcionarios públicos y candidatos financiados por el crimen organizado o con dinero de otras fuentes ilícita; y a personas jurídicas o individuales que han usado dinero ilícito para incidir en decisiones o financiamiento de partidos políticos”, resaltó sobre esta última lista.

La entrevistada concluyó indicando que la participación política se debe basar en la disposición de las personas de servir al país. “Es necesario que quienes entren al sistema político lo hagan con visión de servicio público”, puntualizó.

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