Aunque hubo absoluciones, resaltan que resolución del caso IGSS-PISA comprueba el fraude en el Seguro Social

Un Tribunal dictó sentencias condenatorias contra 12 de los 21 señalados de participar en una contratación fraudulenta del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Por Nancy Alvarez

Ayer se dictó sentencia en el caso IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula, y 12 de las 21 personas procesadas recibieron penas de seis años y tres meses de privación de libertad, mientras el resto fueron absueltas por resolución del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal.

Acerca de lo resuelto por el Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), consideró que el fallo “es un éxito”, considerando que se espera que los casos lleguen a sentencia.

“El Tribunal Undécimo, quienes litigamos sabemos que es un tribunal duro, pues son muy estrictos en el tema de valoración de la prueba y del propio diligenciamiento de esta”, dijo.

“En este momento la satisfacción es que se obtuvo una sentencia y de eso se trata el proceso penal”, añadió.

Al ser consultado acerca de si el Ministerio Público (MP) impugnará, tomando en cuenta la absolución de varios procesados, el fiscal indicó que será hasta que sean notificados de la resolución íntegra cuando se hará un análisis sobre el motivo de esa decisión y se asumirá una postura.

Asimismo, resaltó que la parte sintética de la resolución indica que se pudo determinar por unanimidad la existencia de un negocio fraudulento desde el momento que se concibió todo el proceso administrativo.

Sus declaraciones se dieron en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde se analizó este caso. También participaron en la entrevista Eddie Cux, integrante de Acción Ciudadana; y David Pineda, abogado defensor de dos directivos de la Droguería Pisa señalados.

A criterio de Cux, la trascendencia del caso no solo pasa por el tema de la corrupción, que incluye fraude y sobornos, que se dio por acciones de empresarios y funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), sino también por la parte humana.

“Naciones Unidas maneja del tema de gran corrupción cuando se habla de casos que afectan efectivamente los derechos humanos. En este caso, según la PDH y otros estudios, hubo 50 fallecidos y 150 heridos”, dijo.

En su opinión, la resolución en cierta medida es satisfecha porque se comprobó que las víctimas al momento de denunciar tenían razón al señalar que la contratación era fraudulenta; sin embargo, dijo que el caso debe analizarse desde el punto de vista integral y hace falta una sentencia en cuanto a la parte humana, específicamente por los posibles homicidios y los afectados.

En tanto, el abogado Pineda, quien ejerció la defensa de Edgar de la Peña y Ramiro Lorenzana, funcionarios de Pisa que fueron absueltos, dijo que con base en las pruebas presentadas durante el debate esa era la resolución que esperaban.

“Estamos complacidos con la resolución, creemos que fue un poco lento el proceso penal pero era lo que nosotros esperábamos desde el inicio”, manifestó.

A su criterio, fue lento por las circunstancias propias del caso, pero no hubo alguna acción específicamente dirigida a entorpecer el caso.

Aunque el fiscal Sandoval dijo que está pendiente que el Tribunal programe la fecha para abordar la reparación digna, el profesional del derecho aseguró que no se señaló ninguna audiencia de reparación, pues ya no había querellantes adhesivos al momento de la sentencia porque las víctimas renunciaron a seguir con el proceso.

Además, dio a conocer que el monto que la sentencia indica que se debe pagar de parte de Pisa, que asciende a Q3 millones, sería otorgado al Estado de Guatemala, específicamente al IGSS, por los gastos en que habría incurrido la institución para atender a los pacientes.

Por aparte, confirmó que existió un acuerdo entre la empresa Pisa y las personas afectadas para la entrega de un resarcimiento, pero no brindó detalles de qué incluyó el mismo.

“Droguería Pisa determinó, sin aceptar ninguna responsabilidad y con el ánimo de agilizar el proceso, que para aligerar la carga del debate se resarciera mediante un acuerdo confidencial a quienes eran querellantes, o sea las víctimas”, señaló.

Medidas sustitutivas

Por aparte, los entrevistados se refirieron al tema de las medidas sustitutivas que se otorgó a las personas condenadas, ya que podrán permanecer en libertad mientras el fallo queda en firme.

Cux dijo que la interpretación que debe dársele es que al existir una condena esta debiese de cumplirse, pero al tener una medida de prisión preventiva de tres años, los jueces lo toman en cuenta al resolver.

“Viendo los principios procesales penales y que la pena de prisión es en demasía un castigo a la persona, la resolución trata de ser justa en el sentido de que han estado en la cárcel. La Fiscalía y órganos jurisdiccionales ya emitirán su postura”, manifestó.

Mientras que el fiscal Sandoval consideró que la prudencia que tuvo el tribunal fue en el sentido de que los procesados han pasado tres años privados de su libertad, algunos fueron detenidos desde mayo 2015.

“Al hacer cómputo (del tiempo en la cárcel) eso sobrepasaría por lo menos la mitad de la condena, y al estar en firme la sentencia ya les daría algún derecho de requerir alguna libertad anticipada”, señaló.

Stalling en la audiencia

Pineda calificó como un “grave atraso” que el debate que ya llevaba aproximadamente 30 audiencias se tuvo que reiniciar. Según él, esto se debió a la “irresponsabilidad” del juez Carlos Ruano que omitió cumplir con su obligación de denunciar que había podido ser objeto de una intromisión.

Ruano denunció en enero de este año que la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, intentó influir en las decisiones del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, designado para conocer el juicio del caso IGSS-Pisa, pues su hijo Otto Molina Stalling es uno de los procesados.

“Es claro que el juez cometió por lo menos un incumplimiento de deberes porque la ley lo obliga a denunciar una intromisión de forma inmediata. Él nunca debió iniciar el debate y lo hizo”, resaltó el abogado.

En tanto, el jefe de la FECI manifestó que difiere de lo dicho por el abogado sobre Ruano. Para él, el togado actuó de forma valiente al denunciar que una magistrada intentaba influir.

Además, recordó que hubo atraso en el proceso porque el Tribunal Octavo de sentencia iba a iniciar el debate pero fue recusado, aunque fue “frívolo” el señalamiento, luego el Tribunal se excusó porque habían señalado su supuesta imparcialidad.

Stalling actualmente enfrenta proceso penal por la supuesta presión contra Ruano y por resistirse a ser capturada y hace algunas semanas una jueza suplente le otorgó medida sustitutiva de arresto domiciliario.

Ayer acudió a la sala de audiencias para acompañar a su hijo mientras la sentencia era leída y acerca de ello el integrante de Acción Ciudadana consideró que su presencia en el lugar llama la atención, sobre todo por los señalamientos de que intentó influir, y dijo que debe analizarse por qué estaba allí.

Contenido Patrocinado
Loading...
Revisa el siguiente artículo