Los cinco diputados que analizan la denuncia contra el mandatario mostraron desconfianza sobre el delito que le implica el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Boris España y Fidel Reyes Lee, vocales de la pesquisidora, señalaron que se debe tener claridad sobre el financiamiento electoral ilícito, por lo que la comisión había citado a la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, para aclarar el artículo 407 “N” del Código Penal.
Sin embargo, la magistrada del máximo tribunal se excusó de asistir al Congreso, tampoco delegó a un representante, ya que de presentarse deberá de inhibirse en futuros casos.
La Corte en abril recomendó al Congreso a modificar el segundo párrafo del artículo en mención y poder aclarar las sanciones sobre financiamiento ilícito del anónimo.
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La comisión empezó a escuchar la declaración de Rodrigo Arenas y de Paulina Paiz, quien por medio de la empresa Novaservicios, S. A. realizó aportes al partido oficial Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación), del cual el mandatario era secretario general.
La pesquisidora tiene previsto escuchar a 116 personas, entre ellas fiscales e investigadores de la CICIG y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, como al presidente o su representante.
Mañana se cumple el primer mes de que fue conformada la comisión y todavía analizan los folios.
El presidente de esa mesa de trabajo, Luis Fernando Montenegro, prevé que el informe circunstanciado se entregue el 22 de octubre.