El excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Carlos Castresana, explica que el Congreso aprobó “por mayoría”, la creación de esta instancia por lo que no le compete al presidente alterar el acuerdo con la Organización de Naciones Unidas.
“Según el Acuerdo vigente, el Comisionado lo designa y lo destituye el Secretario General. Nadie más. Ese es el Acuerdo que el Congreso de Guatemala aprobó por mayoría cualificada. Solo otro Acuerdo del Congreso con idéntica mayoría podría dejarlo sin efecto”, dijo el jurista español, entrevistado por el sitio Abogacía Española.
Castresana, quien dirigió la Cicig entre 2007 y 2010, cree que las acciones del presidente Jimmy Morales son una ruptura del estado democrático de Derecho, ya que al tener conflicto de intereses con la Cicig, el mandatario no puede tomar decisiones en nombre de Guatemala.
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“Morales es el presidente, pero no puede representar en este caso al Estado de Guatemala, porque él es parte interesada, ya que pende en su contra una solicitud de procesamiento promovida precisamente por la CICIG por la financiación ilegal de la campaña en la que fue elegido”, añadió el español.
Reformada si, pero antes se debe negociar
Para Castresana, si es posible que la propuesta de Estados Unidos de que la Cicig continue pero “reformada”, aunque primero la ONU y el Estado guatemalteco deben negociar un nuevo acuerdo.
El exfiscal contra la corrupción en España es tajante al afirmar que mientras el actual esté vigente, no queda más que cumplirlo.
“Estados Unidos y la Unión Europea tienen una grave responsabilidad para garantizar que los Acuerdos Internacionales se respeten. Lo contrario es una invitación a la anarquía”, concluye.
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