El excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Carlos Castresana, explica que el Congreso aprobó “por mayorĆa”, la creación de esta instancia por lo que no le compete al presidente alterar el acuerdo con la Organización de Naciones Unidas.
“SegĆŗn el Acuerdo vigente, el Comisionado lo designa y lo destituye el Secretario General. Nadie mĆ”s. Ese es el Acuerdo que el Congreso de Guatemala aprobó por mayorĆa cualificada. Solo otro Acuerdo del Congreso con idĆ©ntica mayorĆa podrĆa dejarlo sin efecto”, dijo el jurista espaƱol, entrevistado por el sitio AbogacĆa EspaƱola.
Castresana, quien dirigió la Cicig entre 2007 y 2010, cree que las acciones del presidente Jimmy Morales son una ruptura del estado democrÔtico de Derecho, ya que al tener conflicto de intereses con la Cicig, el mandatario no puede tomar decisiones en nombre de Guatemala.
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“Morales es el presidente, pero no puede representar en este caso al Estado de Guatemala, porque Ć©l es parte interesada, ya que pende en su contra una solicitud de procesamiento promovida precisamente por la CICIG por la financiación ilegal de la campaƱa en la que fue elegido”, aƱadió el espaƱol.
Reformada si, pero antes se debe negociar
Para Castresana, si es posible que la propuesta de Estados Unidos de que la Cicig continue pero “reformada”, aunque primero la ONU y el Estado guatemalteco deben negociar un nuevo acuerdo.
El exfiscal contra la corrupción en España es tajante al afirmar que mientras el actual esté vigente, no queda mÔs que cumplirlo.
“Estados Unidos y la Unión Europea tienen una grave responsabilidad para garantizar que los Acuerdos Internacionales se respeten. Lo contrario es una invitación a la anarquĆa”, concluye.
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