La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, dio a conocer que la institución a su cargo fue notificada acerca de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que otorga un amparo provisional para que se permita el ingreso al país del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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El máximo tribunal resolvió ayer que el Estado de Guatemala debe permitir el ingreso del “comisionado o comisionada” designado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al territorio nacional. En este momento, el jefe de la comisión es Iván Velásquez, aunque el Gobierno mantiene la prohibición para que esté en Guatemala y pidió que se nombre a su sucesor.
Por medio de un comunicado emitido este lunes, Porras señaló que su deber es “enfatizar nuevamente que las leyes nacionales, las convenciones internacionales y las resoluciones judiciales son de carácter vinculante, por lo que sus mandatos deben ser observados y cumplidos”.
Asimismo, resaltó que el MP sigue trabajando con CICIG y está atento a cualquier delito que se pueda cometer.
“El trabajo conjunto continúa como parte de la lucha contra la corrupción, lo que se ha puesto en evidencia en las acciones relacionadas con los casos Seguridad y Transporte, Transurbano y Corrupción en Quetzaltenango, cuyos resultados fueron dados a conocer en las semanas anteriores”, cita el documento.
Investigaciones “de oficio”
La fiscal ratificó su “firme posición” de actuar ante cualquier situación que dé lugar a la comisión de un hecho delictivo, y aseguró que el personal del Ministerio Público se encuentra instruido debidamente con relación a ello.
También refirió que la Fiscalía se mantiene garante a la preservación del Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos, para lo cual se inician de oficio todas las diligencias de investigación en situaciones que puedan ser constitutivas de hechos delictivos.
E informó a las personas que deseen denunciar cualquier delito que el MP “continúa con sus puertas abiertas para recibirlas como parte del acceso a la justicia”.
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Finalmente, reiteró la exhortación hecha al Gobierno de Guatemala y a Naciones Unidas para que “hagan sus mejores esfuerzos a fin de lograr acuerdos que beneficien a la población guatemalteca, como ordena en su resolución la CC”.
