Negros garífunas hondureños celebraron el domingo una ceremonia religiosa para clamar por justicia, al iniciarse este lunes el juicio oral y público contra ocho acusados del asesinato, en el 2016, de la ambientalista Berta Cáceres.
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Al ritmo de tambores y maracas, unas 200 personas se concentraron frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sur de Tegucigalpa, donde instalaron frente al portón un altar con velas encendidas y la fotografía de la llamada "guardiana de los ríos", en medio de cánticos en lenguaje garífuna y quemando incienso.
El tribunal tiene previsto iniciar el lunes la presentación de pruebas por parte de la fiscalía y la parte acusadora privada contra ocho sospechosos.
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La coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) fue asesinada entre la medianoche del 2 y la madrugada del 3 de marzo del 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste).
"Tenemos una gran incertidumbre por lo que pueda pasar porque faltando una horas para el inicio (del juicio) no tenemos toda la información… estamos realmente preocupados", afirmó Berta Zúniga, hija de la ambientalista asesinada y ahora coordinadora del Copinh.
La familia y el Copinh junto a la fiscalía han acusado a nueve personas por el crimen, incluyendo al presidente ejecutivo y al gerente del ambiente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), David Castillo y Sergio Rodríguez, respectivamente, así como al menos a dos miembros del personal de seguridad de esa empresa.
El juicio contra Castillo está separado de los otros ocho porque fue capturado de último.
La familia y el Copinh sospechan que la fiscalía oculta prueba para proteger a los autores del crimen, especialmente a los intelectuales que son influyentes empresarios.
Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber denunciado que personal de DESA la amenazaba de muerte.
Las amenazas se originaban en que la coordinadora y otros miembros del Copinh de movilizaban contra la construcción por DESA de una hidroeléctrica en el río Gualcarque, en territorio lenca.