El secretario general de la Corte de Constitucionalidad (CC), Martín Guzmán, ofreció una conferencia de prensa para informar sobre el proceso de resoluciones de acciones de amparo interpuestas, específicamente en relación a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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A raíz de las últimas decisiones que ha emitido el Ejecutivo en relación con la situación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tres amparistas que promovieron acción constitucional el año pasado en los expedientes acumulados 4151-2017, 4179-2017-4180-2917-4181-2017 y 4182-2017, sobre la base que en esos expedientes se emitieron amparos provisionales, dirigieron en esta oportunidad tres solicitudes de debida ejecución o de asistencia judicial", aseguró el secretario general.
Guzmán mencionó que los amparistas que comparecieron en las acciones antes mencionadas son, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade; los abogados Álvaro Montenegro Muralles, Ervin Leonel Díaz Sánchez, y Alfonso Carrillo Marroquín, "quienes solicitan la reversión de las decisiones que ha proferido el Ejecutivo en este caso".
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Requieren más informes
Tras el análisis de las solicitudes que fueron presentadas, la CC emitió decisión hoy de requerir informes a determinados funcionarios que están inmersos en el tema que se está tratando. El presidente, la Canciller, la coordinadora de la subdirección de Migración, director del Instituto Guatemalteco de Migración, ministro de Gobernación y al Consejo de Seguridad Nacional".
Martín Guzmán indicó que tienen un plazo de 48 horas a partir de las notificaciones para que se haga llegar los informes pedidos.
La carta que dirigió el señor presidente al secretario general de las Naciones Unidas, es uno de los documentos que se ha pedido, indicó Guzmán.
Al ser consultado sobre qué pasaría si el mandatario Morales desacata una orden de la Corte, el secretario general de la CC indicó que hasta el momento desconocía si los magistrados ya habían discutido sobre este tema.
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Sin embargo, también mencionó que no ha visto una norma que faculta al presidente a no acatar una orden.
