Analistas coinciden en que decisiones del presidente Morales podrían aislar al país

Acompañado por más de la mitad del Consejo Nacional de Seguridad, el presidente Morales resaltó que sus decisiones no rompen el orden constitucional y, con el propósito de mantener el orden público, la paz social y la seguridad, decidió limitar el ingreso del jefe de la CICIG, Iván Velásquez.

“Lamentamos públicamente la pasividad de la ONU para resolver este tipo de situaciones que estuvieron enmarcadas en todo momento en el artículo 12 relativo al establecimiento de la CICIG en Guatemala”, indicó el presidente.

En agosto de 2017, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, que frenaba la expulsión del comisionado.

Por lo que Morales insistió que no acatará ordenes ilegales, ya que la Constitución le asigna facultades que no son delegables.

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Señala ilegalidad

Con un breve recordatorio sobre el objetivo de la creación de la CICIG, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel Polanco, señaló la violación de garantías constitucionales.

“La CICIG se convirtió en una estructura paralela a imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir, desde agosto el Gobierno inició relaciones de buena fe con la secretaría de las Naciones Unidas para negociar cualquier controversia sobre la aplicación de dicho acuerdo, por lo que se presentaron pruebas documentales sobre acciones y hechos”, explicó Jovel Polanco.

No obstante, la funcionaria comentó que la ONU ignoró las preocupaciones del gobierno de Jimmy Morales sobre la interpretación y la aplicación del mandato de la CICIG, ya que según ella se violaron los derechos de los ciudadanos y no se respetaron las garantías procesales, lo cual generó una polarización en la sociedad.

Entre los ejemplos que mencionó la titular de Cancillería, fue la investigación por la muerte de Rodrigo Rosenberg, la detención de los hermanos Valdés Paiz y el allanamiento en la Casa Presidencial, donde el mismo presidente aclaró que no fue ahí el operativo.

Por último, el procurador general de la Nación, Luis Donado, defendió al mandatario, al indicar que sus decisiones están apegadas a la Constitución.

Alfonso Cabrera, excanciller; y Gabriel Orellana, exconstitucionalista y excanciller, hablan al respecto.

Acciones que causan controversias

Las investigaciones por financiamiento electoral ilícito contra Morales aumentaron el malestar contra la CICIG.

2. Apresurada decisión: Días después de la captura  del general Erick Melgar Padilla, hermano de un diputado que ayudó al presidente en la campaña electoral en 2015, Morales anunció la no renovación del mandato de la CICIG, a pesar de que vence en septiembre de 2019.
4. Prohíbe regreso: El malestar del gobierno del partido Frente de Convergencia Nacional-Nación aumentó, pues el lunes pasado el Instituto General de Migración informaba la prohibición del ingreso del comisionado al país y ordenó a las aerolíneas notificar sobre los  pasajeros.
6. Eleva molestia: Ayer la titular de la Cancillería subió el tono contra la ONU y solicitó que la CICIG traslade las capacidades a las entidades de justicia y recordó que el secretario general de la ONU está al servicio de los Estados miembros, por lo que es inaceptable y contrario a los propósitos de las Naciones Unidas que pretenda convertirse en una instancia supranacional.

Análisis

"Le hacen un daño severo al país" | Alfonso Cabrera Hildalgo, excanciller

El problema de la canciller es que no ha leído la Constitución ni el acuerdo de la CICIG, entonces anda dando palos de ciego por todos lados. El acuerdo establece las funciones de la Comisión y cómo hacer las modificaciones, por lo que hay un proceso de negociación y cuando ella arremete contra la ONU le están haciendo un daño severo al país porque lo están aislando, lo cual es violatorio a la Constitución, porque las relaciones internacionales son para promover el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y el progreso a la sociedad.

El problema de la ministra es su propia ignorancia, están defendiendo sus posiciones personales y no les importa el daño que le hacen al Estado. El atraso en las sentencias que mencionó la funcionaria es ignorancia de la ley, porque el Ministerio Público (MP) presenta el caso ante el tribunal y es el sistema de justicia el encargado de sacar las sentencias y muchos de los procesos son atrasados por los procesos y amparos maliciosos que ponen los abogados de los acusados, por lo que no se le puede acusar al MP ni a la CICIG porque escapa de su ámbito. Otra adversidad de la ministra es que el comisionado haya presionado a los diputados, porque fue el presidente, Jimmy Morales, quien convocó a la conferencia para anunciar las reformas legales que necesitaba el país, fue algo fastidioso para los que realmente creemos en la soberanía e independencia del Estado, pues Morales invitó a los titulares de los otros organismos del Estado, a la ex fiscal general Thelma Aldana y al comisionado Iván Velásquez, junto al embajador de los Estados Unidos, por lo que el presidente es el responsable.

"Está violando el convenio con la ONU" | Gabriela Orellana

El exconstitucionalista considera que el presidente se está convirtiendo en un dictador más de América Latina al no acatar órdenes de la Corte de Constitucionalidad. 

2. ¿Cómo califica el mensaje del gobierno de Jimmy Morales sobre la ONU?

Es un discurso pueril, porque si el país tuviera un sistema de justicia eficaz, en el que los tribunales resolvieran en tiempo los casos, tendría legitimidad moral para exigirle prontitud a las Naciones Unidas que ha tardado un año para decidir sobre el comisionado.

2. ¿Le corresponde a la CICIG velar por las sentencias por los jueces?

Le corresponde al Estado de Guatemala analizar por qué las sentencias no han salido, en todo caso el legitimado y obligado a velar porque la justicia se administre con prontitud y celeridad es al MP por mandato constitucional, no al presidente y mucho menos a los ministros.

2. ¿Puede considerar la ONU las pruebas que presentó el presidente para la remoción del comisionado?

Es relativo porque ellos (las autoridades) consideraban que eran contundentes, pero no han pensado que para funcionarios extranjeros o diplomáticos las pruebas, además de insuficientes, eran viciadas por el mismo hecho que el presidente tiene intereses personales, pero además el país se está quejando de algunos hechos que ocurrieron hace más de cinco años, y ¿quién les va a creer?

2. ¿Cómo puede interpretar la comunidad internacional los señalamientos contra las Naciones Unidas?

Refleja ridiculez, al argumentar que es un berrinche de la ONU como lo dijo un diputado, pero si se invierte la perspectiva es un capricho del presidente y muestra la miopía de estos funcionarios.

2. ¿Puede romper solo el gobierno el acuerdo con la ONU?

El convenio que creó a la CICIG es una relación especial, entonces el primer punto es que está bien que el mandato tiene duración de dos años que pueden ser renovados y el gobierno está dando un preaviso, pero el acuerdo también señala que el país no utilizará ni aplicará normas migratorias a los funcionarios y empleados de la CICIG y por supuesto que está violando el convenio con la ONU, porque a mi juicio no le hace ningún bien al país, ya que sencillamente, como viola este convenio, mañana puede violentar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o la UNESCO.

2. ¿Cómo traduce las intenciones del presidente de no acatar órdenes de la CC?

Reitera una política errada y lamentablemente es muy miope, a mediano y largo plazo el principal damnificado será el país y posiblemente cuando ellos ya no estén.

2. ¿Qué mensaje transmite el presidente Jimmy Morales?

Que en América Latina ya tenemos un nuevo dictador, ya el club se incrementó con un nuevo miembro, además de Ortega y Maduro, ahora está Jimmy Morales.