Juan Carlos Villatoro, es un abogado guatemalteco contratado por Estados Unidos para buscar a personas deportadas desde ese país, cuyos hijos aún permanecen en ese país, producto de la política migratoria de línea dura del gobierno de Donald Trump.
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Aunque prácticamente es un empleado del gobierno de EE.UU. las únicas herramientas con que Villatoro cuenta en las comunidades lejanas en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, son las radios comunitarias y visitas a las remotas aldeas fronterizas.
“Disculpe joven. Estamos tratando de encontrar y ayudar a los padres deportados que tienen niños que aún están detenidos en Estados Unidos. ¿Sabe de algún padre de familia que esté en esta situación? Quisiéramos reunirlos”, son las palabras de Villatoro para acercarse a las comunidades.
Esta es la rutina que desde hace poco ha tenido Villatoro, un abogado que se ha convertido prácticamente en un detective en medio de una búsqueda urgente por los padres y madres de niños que aún se encuentran en centros de detención migratoria en EE.UU.
A través de la radio, el anuncio hace alusión a las personas que han sido deportadas y que quieren reunirse con sus hijos a la vez que proporciona un número telefónico para ponerse en contacto con los investigadores.
Con un nombre como única pista, a veces ha viajado en taxis, minibuses y peligrosos buses parrilleros para buscar en las montañas guatemaltecas.
La constante dificultad para comunicarse con los comunitarios son los idiomas mayas y la desconfianza.
Difícil tarea
El artículo publicado por el periódico Los Angeles Times, entrevistó a Villatoro quien explica las dificultades que encuentran para buscar a los familiares de los niños.
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“No tenemos números telefónicos, no tenemos direcciones exactas o direcciones de correo electrónico. No hay nada que podamos hacer para continuar y ayudar y encontrar a estos padres”, dice Villatoro.
El gobierno de Estados Unidos han separado más de 2,500 niños de sus padres luego de que la administración Trump instituyó la política de “cero tolerancia”, la cual persigue penalmente a quien cruce la frontera de forma ilegal.
Los padres fueron enviados a una corte federal para enfrentar cargos.
Contratado por orden de juez
Un juez federal ordenó que el gobierno de EE.UU. es el responsable de reunificar a las familias, pero el esfuerzo en ha recaído por lo general en personas locales, como el caso de Villatoro.
Aún para aquellos que conocen el entorno, la cultura y el terreno esta tarea es frustrante y sin resultados.
Los investigadores trabajan con la organización Justice in Motion, un grupo con sede en Estados Unidos que es parte de una red de organizaciones sin fines de lucro en Centroamérica.
Ellos tienen como único dato para iniciar la búsqueda, un número de teléfono de los padres deportados, pero estos por lo general no funcionan.
Aún cuando los padres son encontrados, el resultado de los investigadores no es el que ellos esperan, ya que los padres de niños pequeños añoran con reencontrarse con ellos, aquellos cuyos hijos son mayores, prefieren a veces que se queden en EE.UU.
Despues de todo, ellos han dejado el país para buscar una mejor vida y tal vez algunas personas consideran que son los suficientemente grandes para sobrevivir en ese país.
Con información de LA Times
