Analista ve “uso de fuerza innecesario” en la presencia de policías y militares en conferencia del Presidente

Por Nancy Alvarez

Este lunes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó acerca del anunció hecho el pasado viernes por el presidente Jimmy Morales sobre la no renovación del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Como invitados en cabina participaron Stuardo Ralón, abogado constitucionalista; y Oswaldo Samayoa, abogado e investigador del Centro de Estudios de Guatemala.

Ralón consideró que sin duda alguna esta es una decisión de alta relevancia, trascendental y que tiene varias aristas a nivel constitucional y político.

Dentro de la parte constitucional, según lo que establece el convenio y la Carta Magna, sí está en las facultades de Morales prorrogar o no el mandato, dijo el abogado. Además, consideró que según lo que la Corte de Constitucionalidad resolvió anteriormente en temas relacionados con la CICIG, tampoco contraviene ninguna resolución previa de la constitución.

Añadió que en la parte política hay muchas reacciones diversas, tanto a favor como en contra y por lo tanto se derivan diferentes puntos de análisis.

Durante el programa también se cuestionó si Morales contaba con la calidad moral para tomar tal decisión, ya que actualmente está siendo señalado por el Ministerio Público y la CICIG en un caso de posible financiamiento electoral ilícito, en su calidad de secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Samayoa recordó que de hecho, la Ley de Probidad indica que los funcionarios que están señalados deben evitar vincularse con ese tipo de temas que se están investigando.

“La facultad constitucional y la dada por el acuerdo con Naciones Unidas la tiene, por lo tanto, él podría decir si quiere o no prorrogar, pero es una persona que está señalada por un posible hecho delictivo, eso no se ha determinado, pero hay sospechas”, resaltó el abogado.

En su opinión, a partir de ello levanta suspicacias que en ese contexto esté diciendo “no más al mandato de CICIG”. Especialmente al recordar que desde que su hermano y su hijo se vieron vinculados en el caso Botín Registro de la Propiedad, Morales empezó a “pelearse” con la comisión y el Ministerio Público.

Conferencia de prensa

En cuanto a la forma en la que hizo el anuncio Morales, en una conferencia de prensa acompañado de la canciller Sandra Jovel y autoridades de Gobernación, con un respaldo de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército, los entrevistados refirieron que se enviaron diferentes mensajes.

A criterio de Ralón, el presidente debía estar acompañado en todo caso solamente por la canciller, por el tipo de tema que se estaría tratando. “Estuvo de más el acompañarse con presencia militar y transmitió un mensaje que terminó opacando las razones por las cuales señaló haber tomado la decisión. Era innecesario”, resaltó.

De igual forma, refirió que en el caso de la CICIG no se puede decir que solo ha habido aciertos, pues se han tenido algunos señalamientos de su labor, relacionados con casos puntuales de excesos del mandato y que supuestamente se ha entrometido en situaciones que no corresponden.

El abogado también refirió que el tema no es que si la comisión termina entonces ya no habrá lucha contra la corrupción, sino todo lo contrario. “El reto es mayor y debe de continuarse, para nada está llegando a su fin”, dijo.

Por su parte, el investigador del Centro de Estudios de Guatemala consideró que el Ejercito está siendo instrumentalizado, al tener presencia en una actividad cuando no tiene nada que ver en el tema, pues son aspectos civiles que no tienen que ver con el uso de la fuerza.

“Acompañarse de la cúpula militar es un acto de intimidación y uso de fuerza innecesario contra la población. Como decir (el presidente) yo tengo autoridad y no sé si estoy bien y por eso tengo la fuerza de las instituciones armadas que pueden actuar contra quien no esté de acuerdo”, dijo.

Samayoa recordó que se trata de un Gobierno basado en leyes y no en armas y esto desprofesionaliza al Ejército y da mala imagen de esa institución. “Es un mensaje distorsionado, que incluso roza en lo ridículo al hacerse acompañar por militares porque no tenía esa necesidad de hacerlo. Es una fórmula intimidatoria y una muestra de poder innecesario”, expresó.

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