Representantes de diferentes entidades participaron este jueves en el foro denominado “Consecuencias de retroceder en el cumplimiento del estándar internacional de transparencia tributaria para regular el secreto bancario”.
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La actividad fue organizada por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Durante su intervención el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, señaló que la iniciativa del secreto bancario fue un elemento de modernización de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de la sociedad guatemalteca. “Un esfuerzo de transparencia donde se lograron consensos”, destacó.
Asimismo, expuso que el procedimiento para acceder a información bancaria requiere de autorización de un juez competente.
La normativa que faculta el levantamiento del secreto bancario fue aprobada por el Congreso en 2016 y la Corte de Constitucionalidad (CC) la suspendió de forma provisional el pasado 3 de agosto.
Ante ello, el ministro Estrada destacó como efectos de esa suspensión, si se diera en definitiva, la limitación de herramientas de la SAT para la fiscalización y el aumento de flujos de capitales asociados a actividades poco transparentes, además de posibles restricciones comerciales y sanciones de índole fiscal.
"Una resolución desfavorable por parte de la Corte de Constitucionalidad conllevaría un retroceso de más de una década en la implementación de la transparencia", dijo.
El funcionario añadió que ante esta situación, Guatemala no participaría plenamente en los esfuerzos para reducir la evasión fiscal y podrían darse afectaciones negativas en la percepción de las empresas calificadoras.
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En tanto, María Carrera, experta del Fondo Monetario Internacional (FMI), resaltó la necesidad de que se mejoren las facultades de la administración tributaria.
De igual forma, Carrera consideró que entre las consecuencias de suspender el secreto bancario se incluye la posibilidad de que Guatemala entre a la lista de paraísos fiscales, pues el país tendría menor capacidad para obtener recursos tributarios, lo cual a su criterio, afectaría la reputación del país a nivel internacional.
Y Armando Lara Yaffar, asesor del Banco Mundial, comentó que desde la recesión financiera de 2009 se busca mejorar la recaudación tributaria. “No queremos ver a Guatemala ser la segunda nación que no esté sujeta a la revisión”, refirió.
Otros pronunciamientos
José Alejandro Arévalo, titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), explicó que antes solo esa entidad podía acceder a la información bancaria, pero con la reforma aprobada por el Legislativo también la SAT podría acceder, aunque solamente si se trataba de temas tributarios y por medio de un procedimiento que calificó como bastante estricto.
Asimismo, destacó que “retroceder en el acceso a información bancaria con fines fiscales expondría a Guatemala a sanciones internacionales”.
Por su parte, Armando Lara, experto del Banco Mundial para América Latina y El Caribe, hizo referencia a los riesgos que se tendrían si Guatemala restablece el secreto bancario.
“El riesgo de ser degradado en la calificación del foro global es inminente, para pasar de conforme en gran medida a no conforme. Además, se incumpliría parte de los elementos de revisión por tener deficiencias en la legislación interna que impiden el intercambio efectivo”, manifestó.
Mientras que Alberto Barreix, del Banco Interamericano de Desarrollo, presentó la evolución sobre el acceso a información bancaria y comentó que el intercambio de acceso bancario surgió para el combate al terrorismo, narcotráfico y corrupción.
