La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los hechos de violencia ocurridos en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, en Quetzaltenango, luego de un motín que también dejó varios heridos.
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La CIDH urge al Estado de Guatemala a que adopte las medidas necesarias para prevenir la repetición de estos hechos, y para investigar y sancionar a los responsables", indica parte del comunicado oficial de la entidad.
Los hechos
La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) dio a conocer ese día que el grupo de pandilleros privados de libertad en ese centro carcelario se amotinaron utilizando armas de fuego en contra de los demás reos.
Se incautó un arma de fuego tipo pistola y en el área verde se halló tirada una granada de fragmentación.
La directora del centro carcelario, Sara Dardón, también resultó lesionada. La funcionaria presentó heridas cortantes en ambos brazos producidas por vidrio luego de que se lanzó por una ventana.
Postura de Comisión
"La Comisión recuerda que los Estados, como garantes de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, tienen el deber jurídico ineludible de adoptar acciones concretas para garantizar sus derechos a la vida e integridad personal. Como parte de esta obligación, los Estados deben realizar acciones orientadas a prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en las cárceles. En este sentido, la Comisión urge al Estado a tomar medidas concretas, tales como las siguientes: desarmar a las personas detenidas e imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros objetos ilícitos; aumentar el personal de seguridad y vigilancia dentro de las cárceles; garantizar que su entrenamiento se realice de conformidad con estándares en materia de privación de libertad, y prevenir el accionar de organizaciones delictivas que tengan una presencia en las cárceles", asegura la entidad en su comunicado.
Los hechos acontecidos en la cárcel de Quetzaltenango reflejan la falta de medidas efectivas para garantizar la vida e integridad de las personas bajo la custodia del Estado, en particular, para controlar el acceso de armas de fuego y de otros artefactos que constituyen un grave riesgo para las mismas”, señaló el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. “En este contexto, es esencial que el Estado guatemalteco adopte medidas urgentes para prevenir la presencia de armas de fuego en sus recintos carcelarios", agregó.
Por su parte, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora de País, lamentó la pérdida de vidas. “Expreso mi preocupación por los hechos ocurridos con pérdida de vidas”, señaló.
