Cuando en Colombia se empieza tocar el tema de la corrupción se termina hablando de política. La idea está tan arraigada que los colombianos votarán el domingo una consulta que pretende combatir esa alianza y castigar con fuerza a funcionarios corruptos.
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"Ser corrupto en Colombia es hoy más rentable que ser narco". La exsenadora Claudia López, promotora de la iniciativa, lanza la frase con la que quiere dimensionar este fenómeno en el país que más exporta cocaína en el mundo.
Dirigente del opositor Partido Verde, López promovió una propuesta anticorrupción que recibió el respaldo de tres millones de firmas válidas antes de que el Senado le diera luz verde este año.
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"Tendremos la oportunidad (….), mediante voto popular, de darle un mandato de obligatorio cumplimiento al Congreso para que en máximo un año expida unas normas anticorrupción, que desafortunadamente siempre se han hundido" en el parlamento, afirmó López.
Aunque la corrupción es un monstruo de varias cabezas, la consulta – que deberá vencer la abstención electoral – apunta de manera directa a la clase dirigente cuando aún resuenan los ecos de la red de sobornos a políticos que extendió por la región la constructora brasileña Odebrecht.
Sin embargo, la iniciativa también despierta dudas sobre su eficacia para extirpar un "mal endémico que se incrustó en la sociedad colombiana", como lo calificó el exmagistrado Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado y quien en pasados días presentó una investigación sobre corrupción.
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¿Qué propone?
La consulta anticorrupción contiene siete mandatos que van desde el recorte de salarios de altos funcionarios, incluidos congresistas, hasta la eliminación del beneficio de casa de condenados, así como el embargo de sus bienes.
Un congresista recibe actualmente el equivalente a 10.000 dólares por mes y la rebaja sería del 37% (unos 6.500 dólares).
La iniciativa también restringe el derecho a la reelección de cargos de votación popular (salvo la de presidente, que ya fue derogada) y obliga a los parlamentarios a transparentar sus actuaciones.
Ahora estos cargos "tienen reelección indefinida, no rinden cuentas, tienen el monopolio del manejo del presupuesto público sin ningún tipo de audiencia pública con la ciudadanía", remarca López.
En caso de ser aprobada, la consulta también prohibiría – según la dirigente – que una empresa condenada "vuelva a contratar con el Estado".
Los cálculos "más conservadores" estiman que Colombia perdió el 4% del PIB por corrupción entre 1991 y 2011, un promedio de nueve billones de pesos por año (casi 3.000 millones de dólares al cambio actual), según el estudio de la Universidad Externado.
En el Índice de Percepción de la Corrupción – que publica cada año la ONG Transparencia Internacional -, Colombia se ubica en el puesto 96 entre 180 países, siendo el primero el más limpio. En el último año y medio la fiscalía ha procesado a unas 2.200 personas por casos de corrupción en gobiernos locales.
También se busca impedir "que los recursos públicos se gasten (…) mediante acuerdos ocultos entre gobiernos y congresistas, a los que se les otorga el derecho ilegal de decidir el gasto público (…) en asocio con alcaldes que deben pagarles con votos", destaca el senador de izquierda Jorge Robledo, otro defensor de la propuesta.
¿A qué se enfrenta?
Para su aprobación, la iniciativa deberá reunir 12,1 millones de votos (la tercera parte del censo electoral) en un país donde el sufragio no es obligatorio y la abstención ronda el 50%. En 2016 un plebiscito, en apariencia popular como la consulta del domingo, fue rechazado por estrecho margen.
Entonces, los colombianos se expresaron en contra del acuerdo de paz para acabar con medio siglo de conflicto con la exguerrilla FARC, lo que obligó al gobierno de la época a hacer ajustes para sacar adelante su implementación.
Una vez alcanzando el umbral, cada pregunta de la consulta requiere unos seis millones de apoyos para convertirse en mandato. Una encuesta de la firma Datexco anticipa esta vez una alta participación electoral.
Si bien cuenta con el respaldo del flamante mandatario Iván Duque, la propuesta enfrenta el escepticismo de algunos expertos y las reservas del partido en el poder, empezando por las de su máximo líder, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien prefiere apoyar los proyectos anticorrupción de su bancada.
Incluso Francisco Bernate, abogado y académico de la Universidad del Rosario, advierte sobre algunos vicios legales y cree que "casi todo lo que establece la consulta, ya existe" en la ley, y que el problema no es la falta de normas, sino de recursos para que la justicia las haga cumplir, según dijo a la AFP.
Sin embargo, el senador Robledo aclara que "aunque hay normas que parecen iguales" a las propuestas, fueron "redactadas con maña para que no obliguen y sin los dientes necesarios para ser útiles".
