Juzgado ordena medidas de seguridad a favor de Sandra Torres

Por Publinews

El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) dio a conocer este jueves que un Juzgado ordenó medidas de seguridad a favor de su secretaria general, Sandra Torres, en el marco de una denuncia realizada por supuesta violencia contra la mujer en su manifestación psicológica en el ámbito público.

La agrupación política detalló por medio de un comunicado que se han dado “continuos ataques” contra Torres por parte de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, y calificó como “histórica” la resolución por medio de la cual se le prohíbe al comunicador “intimidar a la agraviada”.

“Es del dominio público la campaña permanente y misógina que el señor Zamora ha mantenido en este caso”, se lee en el documento.

El cual añade que Torres y la UNE "siempre" han reconocido y respetado al derecho de libre expresión que disfrutan todos los ciudadanos, y en particular los periodistas, “pero ello no significa tolerancia ante infundios, calumnias y otros ilícitos penales, cometidos bajo el pretexto de la libertad”.

Y refiere que esta decisión es un precedente a favor de todas las mujeres y ciudadanos que puedan ser objeto de este tipo de agravios.

Medidas

Las medidas dictadas por el Juzgado de Primera Instancia Penal de turno, y que tienen vigencia durante tres meses, son las siguientes:

  • Se prohíbe al “presunto agresor” José Zamora que “perturbe o intimide” a Torres o a cualquier integrante de su grupo familiar, incluyendo la utilización de medios electrónicos o redes sociales.
  • Se prohíbe a Zamora el acceso al domicilio permanente o temporal de Torres, así como a su lugar de trabajo o estudio.

Según la documentación publicada en la cuenta de Twitter de la UNE, en la cual el Juzgado informa de esta decisión a la Policía Nacional Civil (PNC) para que brinde la seguridad, se detalla que Zamora podrá ser detenido en caso de flagrancia si no acata las indicaciones.

El documento está fechado el 22 de agosto de 2018 y menciona que el señalado tiene tres días para oponerse a las medidas de seguridad establecidas.

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