Este martes, en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se realizó un análisis a raíz de que el juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, denunció al presidente del Consejo de la Carrera Judicial, Carlos Guerra, por supuestamente violar su independencia judicial.
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Acerca de cómo funciona este consejo y lo expresado por el togado sobre su caso en particular se conversó con Yolanda Pérez Ruiz, abogada y exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y Carlos Bezares, abogado constitucionalista.
Pérez explicó que el consejo en Guatemala tiene funciones bastante restringidas en relación a los consejos de carrera judicial de otros países, que no se llaman así, sino Gobierno o Consejo Judicial. La atribución a la que le han dado mayor preponderancia públicamente ha sido la parte de disciplina judicial, dijo.
Por aparte, la exmagistrada se refirió a la independencia judicial y explicó que está en que cada juez tiene absoluta libertad de conciencia, aunque obviamente tiene que razonar esa libertad, para decidir sobre un caso concreto.
“No se refiere a la función judicial en términos generales, sino a la forma de resolver en los casos. Si me dan directrices sobre cómo resolver en todos los casos en determinadas circunstancias, sí se está violando la independencia”, agregó.
Sobre este tema, Bezares expuso que la independencia se basa en que el juez no tiene que recibir condiciones de ningún tipo para que su conciencia pueda juzgar libremente y solo limitado por la ley.
Consideran que juez debería denunciar en MP
Bezares resaltó que es grave lo que Xitumul está denunciando y refirió que lo conveniente es que se investigue el caso. A su criterio, si el juez cree que hubo acciones que pudiesen encuadrar en ilícitos deberá hacer su denuncia ante el Ministerio Público (MP), como todo ciudadano, y este dará sus resultados.
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“Si Xitumul tiene medios de prueba debe ir al MP, y si no funcionan los órganos jurisdiccionales y el ente investigador, entonces sí recurrir a los medios para detallar que no están operando como debe ser”, expresó el abogado.
Asimismo, aseguró que esta situación, “entre dimes y diretes”, hace que se desgaste la institucionalidad.
Carlos Guerra, presidente del Consejo de la Carrera Judicial, explicó que la queja del togado se enfoca en que no quería responder por aparte a las denuncias que se presentaron en su contra de parte de personas particulares en la Junta de Disciplina Judicial.
Como parte del derecho que el ciudadano tiene derecho de reaccionar ante una arbitrariedad, hubo ocho familias relacionadas con los procesados en el caso Molina Theissen que lo denunciaron, explicó.
Entonces, cuando la Junta le indicó que debía responder a estos señalamientos, Xitumul “por no querer” ir a pronunciarse con relación a todas, sino solamente a una, acudió al consejo poniendo plazo de dos horas y amenazando con certificar. “Lo que él pretendía era influenciar al consejo para que se unificaran los denuncias que los usuarios han puesto contra él”, dijo.
Sin embargo, destacó que no hay posibilidad de interferir en los órganos administrativos, pues si bien estos dependen del Consejo, solo es administrativamente, pero no funcionalmente. “No podemos interferir en decisiones de la Junta de Disciplina Judicial, que era lo que el juez pretendía”, dijo.
En tanto, Bezares explicó que si Xitumul quería conexar los expedientes debió dirigirse al Consejo y este debió contestarle fundado en derecho.
Pedir la unificación de los expedientes es un derecho procesal de las partes por celeridad y economía procesal, resaltó.
Otro punto abordado fue lo dicho por Xitumul acerca de que Guerra supuestamente se presentó a una audiencia del caso Molina Theissen y estuvo tomando notas. Ante ello, el presidente del consejo admitió que sí estuvo en la diligencia, pero como cualquier otro ciudadano.
“Somos muy buenos amigos (con Xitumul), compartíamos la hora de almuerzo juntos, cuando su hijo tuvo atentado en bus se dio mi solidaridad con él. No hay nada extraño en que un ciudadano entre a una audiencia y pueda presenciar cualquier debate, y no puede llamarse intromisión porque cualquier ciudadano puede entrar a un debate público”, manifestó Guerra.
A la exmagistrada Pérez le llamó la atención que Guerra admitiera su presencia y destacó que si bien tiene derecho a presenciar una audiencia como ciudadano, por la calidad de presidente del consejo que ahora funge, sí puede considerarse una suerte de presión para el juez o las partes.
“Debe de abstenerse de hacerse presente a un debate en esas circunstancias cuando no tiene una razón o motivo”, añadió la entrevistada.
De igual forma, Pérez consideró que cualquiera que ejerza una presión, sea quien sea, si pretende que la resolución judicial sea dictada en determinado sentido, puede llegar a constituir una violación a la independencia judicial.
