La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) abrió un expediente de oficio ante la “gravedad de los posibles hechos de espionaje” que pueda estar haciendo el gobierno a empresarios, políticos, periodistas, diplomáticos y dirigentes sociales.
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La medida se hizo porque el artículo 24 de la Constitución protege la confidencialidad de las comunicaciones y correspondencias personales, las cuales solo pueden ser revisadas por una resolución judicial y con las formalidades de la ley, aseguró el procurador Jordán Rodas.
Una investigación del matutino “Nuestro Diario” reveló que desde el año 2012 el gobierno ha gastado Q90 millones en instalar un sistema para espiar y controlar a los ciudadanos desde sus teléfonos celulares y redes sociales.
“No hay capacidad”
Desde la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) del Ministerio de Gobernación (Mingob) fue donde se diseñó el plan de espionaje.
Sin embargo, el titular del Mingob, Enrique Degenhart, negó que esa cartera tenga “las capacidades para hacer escuchas ilegales, revisar correos electrónicos, teléfonos u otras herramientas informáticas”.
Aseguró que cuando se hace una escucha telefónica es por la orden de un juez y con un procedimiento establecido.
Responsabiliza espionaje
Desde 2015, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante un allanamiento, secuestraron el equipo de espionaje que utilizaba la Digici.
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Como las herramientas informáticas ya no regresaron al Mingob, Degenhart cree que son “ellos los que deben dar una respuesta” a las tácticas de vigilancia, las cuales han denunciado varios exfuncionarios.
No obstante, ninguno de esos entes utiliza esas herramientas para vigilar y controlar a los ciudadanos, dijo Matías Ponce, vocero de la CICIG.
Pruebas
La investigación explica que en enero de 2016, el entonces ministro de Gobernación, Francisco Rivas, le entregó a la CICIG dos maletines que sirvieron para hacer escuchas telefónicas ilegales. El equipo fue adquirido por la Policía Nacional Civil a la Industria Militar por Q18.3 millones.
Rivas dejó el Mingob en enero de este año. Meses después él y su equipo de trabajo han denunciado que están siendo perseguidos. La misma denuncia la hizo la ex fiscal general Thelma Aldana.
