Luego de casi 400 días de suspensión de sus operaciones por orden judicial, la Minera San Rafael continúa a la espera de conocer el fallo definitivo de la Corte de Constitucionalidad (CC). El sector empresarial ha señalado que la ausencia de certeza jurídica repercute en el crecimiento económico.
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La compañía, filial en Guatemala de la canadiense Tahoe Resources, ha tenido que prescindir de los servicios de 500 trabajadores, casi el 50 por ciento de su fuerza laboral, debido a esta situación.
Andrés Dávila, gerente de Comunicaciones Corporativas de la minera, se refirió a los efectos que ha tenido la detención de labores, no solo para la mina, sino también para sus empleados, proveedores, pobladores del municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, donde está ubicada, y para el país.
“Son casi Q2 millardos los que han dejado de ingresar a la economía nacional en concepto de impuestos, regalías, salarios y pagos a proveedores”, señaló.
Además, el entrevistado se refirió a la “tragedia que están viviendo sus excompañeros de trabajo", pues por lo menos 57 de ellos han optado por migrar a Estados Unidos. “Lamentablemente dos han sido capturados y deportados. El hijo de 10 años de uno de ellos se quedó en la frontera desde abril y hasta el momento no ha podido recuperarlo”, dijo.
“Esta es una de muchas historias que hay alrededor de lo que ha pasado por el cierre. Al hablar del caso de mina San Rafael no solo se trata de una empresa, sino de otras más y de miles de guatemaltecos que dependían de forma indirecta de sus operaciones”, añadió Dávila.
En cuanto al ambiente que se vive en San Rafael Las Flores, lo describió como de incertidumbre y desesperanza, en donde varios de los comercios de la localidad han sido cerrados y no existe certeza en la población de lo que va a pasar. “Lo que dicen es que sea a favor o en contra, pero que resuelvan ya”, señaló con relación a lo que han manifestado algunos de los pobladores.
“Es un municipio que había empezado a tener una bonanza considerable con relación a las regalías. La municipalidad ha dejado de percibir más de Q40 millones en un año”, agregó.
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Sobre la mina
De acuerdo con Dávila, San Rafael es la segunda mina subterránea de plata más grande del mundo y una de las más modernas.
Sus operaciones, incluyendo lo relacionado con el uso del agua, se desarrollan con base en procesos establecidos no solo en la legislación guatemalteca, sino también en la canadiense y estadounidense.
“Por ser una empresa pública que cotiza en la bolsa de Toronto y de Nueva York, también nos debemos regir a ese marco legal, por eso somos una empresa muy regulada. Al cotizar en mercados bursátiles se nos exigen estándares muy altos en temas de agua, sociales, anticorrupción y de pueblos indígenas. Tenemos políticas muy rigurosas en ese sentido”, mencionó Dávila.
Según indicó, aunque la Ley de Minería de Guatemala no contempla que las minas tengan que hacer un cierre técnico, los marcos regulatorios internacionales sí lo exigen, por lo cual San Rafael desarrolla acciones enfocadas en ello, de forma paralela con las operaciones de extracción.
Parte de este proceso incluye ir recuperando “el depósito de colas secas”, que es el área donde se coloca el mineral que no es de valor. El plan es que este espacio próximamente se utilice para cultivar café y aguacate.
Además, se hace el rellenado de las bóvedas de producción interiormente.
La Minera San Rafael utiliza dos áreas distintas para el agua, una donde está la que se descarga a la naturaleza y otra donde permanece la que se utiliza para la separación de los minerales.
En la primera, el vital líquido que surge de las grietas de la montaña es descargado a una quebrada. Este no ha pasado por ningún proceso industrial.
“Río abajo usan el agua para cultivos y ganado, incluso hay vecinos que cultivan tilapia. Se han dado cuenta de que el agua es de buena calidad”, resaltó Dávila.
En la otra área está el agua que, mezclada con ciertos reactivos, se implementa en el proceso para extraer la plata y el plomo. Aquí el líquido es sometido a una recirculación y no se libera a la naturaleza.
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Acerca del lugar donde está ubicado el proyecto, Dávila agregó que en la parte de la superficie de la mina se mantienen los bosques y toda la fauna natural. “Hay plantaciones de café de buena calidad y apiarios que producen miel. Los productos los vende la Asociación Solidarista de Empleados para recibir recursos”, dijo.
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Por aparte, se refirió a la resistencia instalada en el municipio de Casillas, en Santa Rosa, a 16 kilómetros de donde está la mina, en donde un grupo de pobladores mantiene un bloqueo.
“Atraviesan tablas con clavos para evitar que pasen vehículos o camiones que creen que son de la mina. Nuestros colaboradores, familias, nosotros y los proveedores hemos manifestado los vejámenes de los que somos objeto cuando intentamos pasar por este sector porque se nos detiene de forma ilegal”, relató.
Por ello, señaló la necesidad de alcanzar acuerdos por medio de procesos de diálogo, que aunque ya se han iniciado con apoyo de las entidades gubernamentales a través de mesas técnicas, no han tenido resultados positivos.
Dávila aseguró que la empresa tiene toda la voluntad para sentarse con los líderes comunitarios y encontrar una vía pacífica para resolver esta situación, que se pueda seguir operando y las comunidades puedan beneficiarse de esa actividad.
“Estamos defendiendo la mina moderna, que es una minería responsable y que realmente está tratando de hacer mejor las cosas”, aseguró.
A la espera de un fallo
El Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas) accionó legalmente para que cesaran las operaciones de la mina San Rafael, argumentando que de parte del Estado no se hizo una consulta a la población indígena en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La mina se encuentra temporalmente suspendida tras cuatro años de operación y está a la espera de que la Corte de Constitucionalidad (CC) emita un fallo definitivo para determinar en qué momento puede volver a trabajar.
La empresa espera que no se tarde más tiempo la resolución, pero si es así, recurriría a reducir el personal, porque considera insostenible la mano de obra en este contexto.
Actualmente son 533 personas las que laboran para la minera, a quienes se les continúan pagando los salarios y prestaciones de ley, a pesar de no estar operando.
Dávila señaló que buscan que se respete el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el cual permite la operación de la mina mientras se lleva a cabo la consulta al pueblo xinca.
“Pero, si la resolución fuera negativa, la mina se va a mantener trabajando en lo mínimo, con una gestión ambiental y personal limitado mientras se lleva a cabo la consulta, y luego de que se compruebe ante la Corte que ya se llevó a cabo se solicitará la autorización para volver a operar”, aseguró.
A su criterio, la CC mantiene el caso en un impase. “Nos sorprende el hecho de que la Corte, en mayo de 2017, emitió sentencia en el caso de la hidroeléctrica Oxec, en el que determinó que era posible que siguiera operando mientras se llevaba a cabo la consulta. Si hubiera seguido ese mismo camino, prácticamente la consulta ya se hubiera realizado en San Rafael Las Flores o el área de influencia”, señaló.
