Investigan a exautoridades de la Defensoría de la Mujer Indígena por posible corrupción

Cinco personas, incluidos dos particulares, fueron ligados a proceso penal por supuestamente estar vinculadas con la sustracción de más de Q200 mil de esa entidad en 2015.

Por Nancy Alvarez

Tres exfuncionarios de la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi) y dos particulares fueron ligados a proceso penal por su presunta vinculación con hechos irregulares dentro de la entidad, por medio de los cuales se habrían sustraído por lo menos Q269 mil.

El Ministerio Público (MP) inició las pesquisas en este caso luego de que la Contraloría General de Cuentas presentara una denuncia tras identificar algunas inconsistencias en el manejo de los fondos en el año 2015.

“La Fiscalía verificó los informes, expedientes de pago de la institución, así como declaraciones testimoniales de personal que laboró durante ese período y logró establecer el monto total de lo sustraído”, detalló Julia Barrera, vocera del ente investigador.

La modalidad que habrían utilizado estas personas para apropiarse de los fondos públicos habría sido la simulación de servicios recibidos, por los cuales se pagaron diferentes cantidades a empresas y asesores, pero en realidad no se efectuaron.

Procesados

Gloria Esperanza Laynez Chavac, exdefensora de la Mujer Indígena; Tomasa Griselda Aquino Gallina, exdirectora Ejecutiva; y Víctor Aníbal López Aquino, exdirector Administrativo Financiero, son señalados del delito de peculado por sustracción.

Gloria Laynez, exdefensora de la Mujer Indígena Foto: Emisoras Unidas

Además, Sergio Giovanni García Guerra, fue vinculado por casos especiales de estafa, ya que según las investigaciones, fue contratado para brindar servicios de consultoría y asesoría a la entidad, pero en realidad nunca fueron prestados.

Por ese mismo delito fue ligada a proceso Khaterine Zucel Carrillo Gutiérrez, representante legal de una entidad a la que se le habrían realizado pagos por parte de la Demi por concepto de la presentación de servicios de mantenimiento de equipo de cómputo, sin que estos se llevaran a cabo.

El Juzgado Noveno Penal, que tuvo a su cargo la audiencia de primera declaración, resolvió otorgarles medidas sustitutivas a los sindicados. Estas incluyen arresto domiciliario, cauciones económicas de entre Q5 mil y Q15 mil y presentarse a firmar el libro de control una vez al mes.

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