Inacif practica por lo menos 10 evaluaciones por semana a reos del Mariscal Zavala

Expertos señalan que existe el uso de solicitudes de evaluaciones médicas a privados de libertad como estrategia de litigio malicioso.

Por Nancy Alvarez

En el primer semestre de 2018, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ha practicado evaluaciones a 3 mil 900 personas privadas de libertad a nivel nacional, según lo dio a conocer Jorge Granados, jefe del Departamento Técnico Científico de esa entidad.

Según indicó, los expertos del Inacif acuden por lo menos 10 o 15 veces por semana al Mariscal Zavala para practicar exámenes a los internos, en donde el 80 por ciento de quienes guardan prisión tienen diabetes o hipertensión.

El médico aseguró que se recibe una gran cantidad de órdenes para practicar exámenes a los internos en las diferentes cárceles, incluso hay casos de personas por las que se pide de dos a tres evaluaciones por semana. Recordó que hay reos vinculados con el crimen organizado para quienes se ha pedido hasta 70 verificaciones.

Los resultados de un estudio en los que se incluyó el costo del tiempo por hora del perito experto, combustible, impresión de los informes y todo lo inherente a una evaluación, determinó que en promedio cada una de estas significa un costo de Q1 mil a Q1 mil 400, destacó Granados.

Por aparte, se refirió al caso de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, donde se contabilizan 55 evaluaciones practicadas por temas de su salud, mientras que las órdenes siguen llegando, incluso ayer se le hizo llegar al Inacif una nueva por parte del tribunal que tiene a su cargo el juicio en su contra por el caso Lago de Amatitlán, para establecer si realmente la exfuncionaria padece depresión.

“No hay semana que no nos ingresen dos órdenes solo para evaluarla solo a ella”, dijo Granados.

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Asimismo, refirió que no está establecido en la legislación nacional que sea el Inacif el encargado de practicar los análisis a los presos, pues correspondería a esa entidad verificar los casos solamente en temas de investigación criminal, pero no de salud.

Sin embargo, la situación que presenta el Sistema Penitenciario de no contar con equipo médico para atender a estas personas ha hecho que esta responsabilidad pase al Inacif. “Es una situación que heredamos a través de los años y nosotros como contribución al sistema jurídico lo hemos hecho de buena fe”, aseguró Granados.

Aunque indicó que se ha dado casos en los que las personas simulan enfermedades para justificar hospitalizaciones, también hay quienes guardan prisión y en realidad están enfermos y requieren de un tratamiento especializado.

“Hay gente que sí está enferma y gravemente, hay quienes se hacen hemodiálisis tres veces por semana, y otros con sida o enfermedades terminales como cáncer”, expresó.

¿Litigio malicioso?

Quien también se pronunció con relación al tema de atención en salud para los privados de libertad fue el exfiscal y exsecretario general del Ministerio Público (MP), Mynor Melgar. Él consideró que en la actualidad, principalmente en los casos de alto impacto, se ve que las evaluaciones médicas se han utilizado como una estrategia dilatoria.

“Al catálogo de acciones de litigio malicioso se debe agregar los exámenes médicos, que se han empleado en algunos casos para alargar el proceso y entorpecerlo”, dijo.

Indicó que existen dos extremos en ese sentido, pues está el grupo de reclusos vinculados con temas de corrupción, narcotráfico o maras, que ve en el recibir tratamiento médico la oportunidad ya sea de tener una mejor condición carcelaria o aprovechar para fugarse. Mientras que por el otro lado hay gente que está en realidad enferma y requiere un tratamiento médico.

El entrevistado recordó que cuando alguien está vinculado en algún proceso penal o cumple sentencia, el único derecho que se le restringe es el de la libertad, pero los demás continúan vigentes, incluyendo el de la salud, por lo cual señaló que ese tiempo que se emplea en atender los casos en donde en realidad las personas no están enfermas debería utilizarse para atender a las que en realidad necesitan tratamiento.

Por ello, resaltó la necesidad de que exista un dictamen imparcial y calificado, para lo cual el MP y los jueces tienen como aliado al Inacif.

El exfiscal señaló que los jueces tienen una gran responsabilidad porque en sus manos está de cierta manera la vida de las personas, pese a que no son médicos ni expertos en salud. “Deben confiar que quien emite los dictámenes médicos lo haga con profesionalismo y basarse en antecedentes”.

Por aparte, se refirió a un aspecto que ha marcado los casos de alto impacto, principalmente los relacionados con temas de corrupción, en donde cada vez son más constantes las solicitudes para evaluaciones médicas.

A su criterio, se observa una estrategia clara de que se está tratando de retrasar el proceso penal hasta que se vaya la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) del país. Esto, según él, se refleja porque en cualquier otro caso las personas que guardan prisión buscan resolver rápido sus procesos, no extenderlos.

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