El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), compartió un comunicado oficial en el que pide una "resolución justa" para el empresario Max Quirín, sindicado en el caso IGSS-Pisa y quien guarda prisión preventiva.
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Max Quirín es una persona respetada por ser un padre de familia responsable, un ciudadano ejemplar y un buen amigo", inicia la misiva del la agrupación de empresarios.
Además, destacan su participación en el sector cafetalero y otros puestos en diversas estatales.
Al igual que Julio Suárez, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), su participación en la Junta Directiva del IGSS le ha costado un injustificado proceso penal que ya lleva más de tres años. En 2015 el MP le acusó de defraudar al Estado por su supuesta conspiración para la contratación de la empresa PISA, cosa que la fiscalía no ha probado", continúa el comunicado.
Según investigaciones del MP y la CICIG, se habría realizado una contratación anómala por Q116 millones entre el IGSS y la droguería Pisa para procesos de análisis peritoneal de pacientes que eran atendidos en esa entidad.
En prisión preventiva
El Cacif también indica el empresario ya ha pasado "más de 1,000 días en prisión preventiva sin que exista peligro de fuga o riesgo de obstrucción en la investigación".
Ante esto, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, indicó a Emisoras Unidas que "la Fiscalía no tiene que ver con el retraso de las audiencias; en los próximos días tiene que haber sentencia".
Por otra parte, Sandoval indicó que "la tarea del abogado defensor en las audiencias de revisión de medidas es probar porqué no hay peligro de evasión".
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Finalmente, la entidad indica que hay preocupación porque este caso sea "sustentado sobre tesis legales muy débiles". Además, hacen un llamado para que se redoble el esfuerzo de investigación y recolección de pruebas tangibles en los verdaderos casos de corrupción, concluye el comunicado.
