Once departamentos se unen a movimiento contra la trata de personas

Diferentes instituciones participaron en la Caminata por la Libertad este jueves.

Por Nancy Alvarez

Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la Caminata por la Libertad, por medio de la cual se pretende informar y sensibilizar con relación a la trata de personas y cómo prevenir y atender este flagelo.

“Esta actividad se realiza como una manifestación del compromiso del Gobierno central en involucrar a todos los sectores en el combate a la trata de personas”, indicó Claudia Ordóñez, titular de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET).

Además, dio a conocer que la movilización se realizó este jueves en 11 departamentos del país, en coordinación con autoridades de instituciones del Estado, representantes de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, sociedad civil, cuerpo diplomático y sector académico.

En la Ciudad de Guatemala, el recorrido fue en la zona 1. En este estuvieron presentes Ordoñez, el vicepresidente Jafeth Cabrera y otras autoridades. El vicemandatario destacó que “unidos podemos erradicar el delito de trata de personas”.

Los otros departamentos que de manera simultanea desarrollaron marchas son: Petén, Baja Verapaz, Izabal, Totonicapán, Quetzaltenango, El Progreso, Quiché, Zacapa, Chimaltenango y Suchitepéquez.


Video: Emisoras Unidas

Campaña

La Caminata por la Libertad forma parte de la campaña Corazón Azul. Diferentes instituciones y personas se han unido a este movimiento enfocado en luchar contra este flagelo.

Según la SVET, “la trata de personas es una grave violación a los derechos humanos, ya que representa un delito hacia la dignidad humana”.

Datos estadísticos de diferentes instituciones reflejan que las mujeres son las principales víctimas, aunque este delito, tanto a nivel nacional como internacional, no distingue etnia ni niveles sociales y educativos.

En ese sentido, la Secretaría resaltó la importancia del rol que desempeñan diferentes actores en la sociedad para la prevención, incluidos los padres o encargados de cuidar a los menores, las entidades públicas, organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales.

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