Solicitan dictamen jurídico sobre gerencia de investigación fiscal

Las dudas sobre funciones de la gerencia de investigación fiscal que opera en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) hizo que los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza pidieran un dictamen jurídico y aclarar que no fuera una estructura ilegal.

El jefe de esa bancada legislativa, Orlando Blanco, cuestionó al jefe de la SAT, Abel Cruz, por qué no se publicó en el diario oficial las reformas del acuerdo para crear la gerencia de investigación a pesar de que sea un reglamento interno.

“Nos pidieron un dictamen y nos dieron el lunes para enviarlo y lo generará la intendencia de Asuntos Jurídicos, la gerencia fue instituía con el acuerdo 14-2016 y sus funciones es proveer estudios e información a las intendencias para concluir con algunos casos, el producto de ese trabajo fue un caso en Pedro de Alvarado donde se llegó a detectar una red de corrupción por el refuerzo del trabajo en Puerto Quetzal y que ahora entraban por Acajutla”, comentó Cruz.

El superintendente añadió que derivado de esa información se denunciaron a cinco trabajadores de aduanas, donde se trabajó con el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y equipo de la embajada de Estados Unidos.

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Cruz negó que se estén duplicando funciones del ente investigador como de la Superintendencia de Bancos, sino que se presentan las denuncias en el MP, por lo que la observación de los diputados es que hay ocho funciones de 14 que tiene la gerencia son funciones que se pueden duplicar.

Mientras que el congresista Blanco indicó que con los dictamenes jurídicos se puede aclarar dos temas como la legalidad de la reforma que no fue publicada, como había sucedido con cambios en el reglamento, para comprobar si tiene legalidad esa modificación y aparte están las atribuciones de esa oficina.

“A nuestro criterio no es el adecuado para una gerencia de este tipo, porque podía ser utilizado de abuso y que puede repercutir en la seguridad de los contribuyentes, y el mismo superintendente reconoció que algunas funciones pueden entrar a colisionar con atribuciones de otras entidades del Estado”, resaltó el legislador.