El caso de supuestos abusos sexuales en el que se vincula al presidente Jimmy Morales fue abordado este martes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en donde participaron como invitados Ilse Álvarez, ex viceministra de Gobernación; y Elvin Díaz, director del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales en Guatemala (ICCPG).
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Los expertos coincidieron en que el Ministerio Público (MP) debe iniciar un expediente de investigación, aunque por ahora no haya denuncias directas de las víctimas, pues la legislación actual lo permite.
A criterio de Álvarez, uno de los primeros puntos a establecer cuántas víctimas reales podría haber en este caso, pues por ahora solamente se tiene el testimonio del excanciller Edgar Gutiérrez como testigo referenciado.
“Los delitos de Ley de Femicidio son de acción pública, por lo cual cualquiera que sea testigo presencial, referencial o que tenga conocimiento directo del hecho debe denunciarlo porque la acción es pública y el Estado tiene la obligación de tomar las medidas”, explicó.
A su criterio, la investigación debe continuar, pues las mujeres en general esperaremos una acción de la fiscalía que demuestre que se tomarán medidas drásticas.
La exfuncionaria dijo que el Gobierno de Morales no estaba en su mejor momento de popularidad y estos señalamientos generan “un jaque” al Ejecutivo. “Su credibilidad a nivel personal se ve trastocada, pues esto va a generar una serie de acciones legales de parte de organizaciones de mujeres”.
En tanto, Díaz recordó que antes era la víctima la que debía denunciar y cuando esta ya no deseaba continuar el proceso, el MP debía archivar el caso, pero desde 2009 esto cambió y se tienen nuevos tipos penales y estándares que permiten que sean otras personas quienes denuncien los hechos.
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En ese sentido, mencionó que Gutiérrez lo que hizo fue informar a la Fiscalía de la posible comisión de hechos delictivos contra víctimas de violencia sexual, y corresponderá al MP emprender la investigación.
Debido proceso
Los entrevistados resaltaron que el caso debe manejarse respetando el debido proceso, incluyendo la presunción de inocencia que tiene toda persona, y además tomando en cuenta que en el caso de Morales existe el derecho de antejuicio, por el cargo que ocupa.
“No se acusa al presidente Jimmy Morales de que ultrajó sexualmente a alguna víctima, pero es una situación apremiante que está teniendo vuelo internacional. La Fiscalía debe generar condiciones de confiabilidad y emprender” acciones en este caso, aseguró Díaz.
“Morales tiene presunción de inocencia como cualquier persona. Lo difícil que enfrenta la fiscal general es que es el mandatario, por lo cual investigar este caso tiene características distintas a uno que involucrara a un particular”, dijo Álvarez por su parte.
El paso que correspondería a la Fiscalía es determinar si existen los elementos necesarios para continuar con una investigación, y de ser así, promover un proceso de antejuicio contra el presidente, el cual posteriormente deberá ser trasladado a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso para determinar si se le retirará o no la inmunidad.
Un elemento clave para avanzar en este tema sería que las víctimas pudieran pronunciarse sobre los hechos, por lo cual el director del ICCPG espera que la Fiscalía sea proactiva y se enfoque en ello.
El entrevistado cuestionó que la fiscal general Consuelo Porras, en la conferencia de prensa ofrecida ayer tras reunirse con el excanciller que ha hecho los señalamientos contra Morales, le haya “encargado” que de cierta manera convenciera a las supuestas empleadas públicas afectadas para que hagan las denuncias, cuando es la Fiscalía la que debe hacerlo.
“Decirle al excanciller que exhorte a las víctimas a que se acerquen no era la manera. El punto es que debe ser la Fiscalía la que debe generar condiciones favorables para las víctimas, no solo para que presenten las denuncias, sino garantizando medidas de protección para ellas”, expresó Díaz.
Y aseguró que esta es “una oportunidad de oro” para que fiscal pueda transmitir confianza a la población y demostrar que su trabajo se va a manejar en cánones de objetividad.
Para la ex viceministra, este es el caso más emblemático que ha recibido la actual fiscal general, y es el que pondrá a prueba a todo el sistema jurídico nacional.
Durante la entrevista, hizo referencia a cómo se han trabajado algunos casos de violencia sexual en donde no hay pruebas físicas.
“En casos como los de la guerra civil en donde mujeres aseguraron ser víctimas de abuso o esclavitud sexual, no hay prueba científica de fluidos. Aquí es la pericia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y del MP la que versa en estudiar a través de informes forenses de psicólogos y psiquiatras sobre la credibilidad historia, así como la ubicación del agresor y la víctima en tiempo y espacio”, dijo.
¿Conspiración?
El director del ICCPG recordó que se ha hecho referencia a que serían por lo menos diez las víctimas de las supuestas agresiones de parte del presidente, e incluso se ha mencionado que una de ellas tendría grabaciones en su poder que demostrarían los hechos.
"El país se ha ido polarizando a raíz de diferentes casos corrupción, pero esto es muy distinto. Es una situación lamentable, pues se está hablando de mujeres víctimas de un presidente que podría haber cometido abuso de autoridad y abusos sexuales", mencionó el entrevistado.
En ese sentido, tanto él como Álvarez consideraron que estos señalamientos no tienen características de ser parte de una conspiración contra Morales.
“Es lamentable que se quiera pensar que 10 o 12 víctimas de violencia sexual se están prestando para una conspiración contra el presidente. Yo no sé si podría tratarse de esclavitud o trata, pues el móvil que se ha expuesto es que el presidente les pide a sus ministros o asistentes (que busquen mujeres) para favores sexuales. Se podría hablar de otros delitos más complejos donde otros funcionarios podrían estar implicados”, señaló Díaz.
Mientras que Álvarez explicó que aunque la CSJ puede calificar como espurio el antejuicio, si es que este se promueve, si hay por lo menos las 10 víctimas de las que se habla no se puede decir que las mujeres se pusieron de acuerdo.
“Para una mujer es difícil este tipo de casos, cómo se puede pensar que se trate de una conspiración política cuando se puso en riesgo su indemnidad. Los delitos sexuales generan grandes laceraciones en el alma de las personas y estas requieren tratamiento psicológico, acompañamiento y apoyo”, manifestó.
Y finalizó su intervención haciendo un llamado a las organizaciones de mujeres para que le den acompañamiento a este caso y se pueda establecer si en realidad ocurrieron los hechos, y de ser así, se le dé el proceso que corresponda a este caso porque nadie está por encima de la ley y “debe haber cero tolerancia a la violencia” contra las féminas.
